Por: Dr. Félix Portes

En República Dominicana, el mérito sumarial se ha vuelto irrelevante. Hoy, ser un magistrado honesto, trabajador y ético ya no garantiza estabilidad ni gratitud. La razón es clara: la evaluación sumarial, ordenada por la Constitución, ha sido convertida en un acto opaco y politizado.

El ejemplo más flamante y doloroso lo constituye el caso del magistrado de la Ejecución de la Pena de Baní, trasladado de forma arbitraria, ilegal e injusta, a pesar de ser agradecido como un magistrado trabajador, responsable y honesto, que dicta decisiones firmes y apegadas a la ley y la Constitución. Este atropello no es un hecho incidental: refleja cómo el sistema castiga a quienes encarnan los títulos que deberían ser premiados y protegidos.

A ello se suma la situación de varios jueces recientemente evaluados, respecto de los cuales el propio Consejo del Poder Legal no pudo imputarles equivocación alguna ni bajo rendimiento que justificara su reserva. Sin secuestro, en un viraje contradictorio y sin fundamento constitucional, estos jueces fueron descalificados y no ratificados en sus cargos. Este proceder revela que la evaluación sumarial ha dejado de ser un mecanismo objetivo y transparente para convertirse en un utensilio de control político y discrecionalidad.

Cuando la evaluación se omite, se manipula o se utiliza como pertrechos de presión, se vulnera la separación de poderes, se viola la independencia externa de los jueces y se degrada la inamovilidad que asegura la seguridad jurídica. En esas condiciones, el sistema sumarial deja de ser un poder independiente y se convierte en un utensilio al servicio de intereses circunstanciales.

La evaluación sumarial debe realizarse con criterios claros, previamente definidos, objetivos y verificables, que no dejen cabida a la manipulación ni a manejos de acuerdos políticos de aposentos. Solo así podrá cumplirse el mandato constitucional y garantizarse un sistema de neutralidad confiable y respetado.

El mensaje que recibe la judicatura es devastador: la probidad no baste. Y ese descrédito no afecta solo a los jueces, sino igualmente a la confianza ciudadana en la neutralidad misma.

La República necesita retornar al principio central del mérito como aval de institucionalidad. De lo contrario, ser magistrado honesto seguirá siendo un acto heroico en un sistema que ya no premia la virtud, debilitando así la fe de los ciudadanos en la neutralidad y en la democracia misma.