Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

Cada año, cuando el Congreso Franquista aprueba el Presupuesto Normal del Estado, quienes creemos en el crecimiento territorial volvemos a hacernos la misma pregunta: ¿y los ayuntamientos? No es una inquietud reiterativa ni un incentivo caprichoso.

Es una preocupación legítima, porque de la fortaleza financiera de los gobiernos locales depende, en gran medida, el orden, la convivencia y la calidad de vida en nuestras ciudades y comunidades.

Para el año 2026, el presupuesto doméstico admitido asciende a RD$1.84 billones, con ingresos consolidados estimados en RD$1.44 billones, según datos oficiales del Senado de la República.

La Ley 166-03 es clara cuando establece que el 10 % de los ingresos corrientes no especializados debe ser transferido a los ayuntamientos y juntas de distrito. Si esa disposición se aplicara de forma estricta, los gobiernos locales deberían admitir rodeando de RD$144 mil millones.

Sin confiscación, la efectividad vuelve a imponerse: las transferencias rondan los RD$34,700 millones, al punto que un 24 % de lo que la ley manda.
Dicho de forma directa, el país mantiene una deuda estructural con sus municipios superior al 75 % de su derecho financiero constitucional.

Esa brecha no es sólo una signo en una tabla presupuestaria; es la causa de aceras inexistentes, de servicios de residuos colapsados, de parques abandonados, de mercados improvisados y de una limitada capacidad para planificar el crecimiento urbano, promover la inclusión social o vigorizar la seguridad recinto.

Si el 10 % se cumpliera en 2026, el impacto en los territorios sería profundo y tangible. Baste con observar algunos presupuestos municipales del año 2025 para dimensionarlo. Santo Domingo Este, por ejemplo, aprobó un presupuesto de RD$3,579 millones, de los cuales más de RD$2,000 millones provienen de transferencias nacionales.

Con la aplicación plena de la ley, su capacidad financiera podría aventajar los RD$11,500 millones, triplicando su beneficio de inversión.

San Cristóbal pasaría de RD$543 millones a más de RD$1,900 millones; Higüey, de RD$910 millones a cerca de RD$3,200 millones; San Pedro de Macorís, de RD$550 millones a casi RD$2,000 millones. Incluso municipios más pequeños, como Licey al Medio o Enriquillo, verían multiplicados sus presupuestos hasta tres y cinco veces.

No se tráfico de cifras infladas ni de ejercicios imaginarios. Es el resultado directo de aplicar una ley válido. Con esos bienes, los ayuntamientos podrían duplicar o triplicar su inversión en infraestructura básica, dirección de residuos, iluminación, espacios públicos, programas sociales y mantenimiento urbano. Podrían, por otra parte, planificar a mediano y dilatado plazo, poco prácticamente irrealizable con presupuestos de mera subsistencia.

Ahora perfectamente, cumplir la Ley 166-03 no puede interpretarse como un cheque en blanco. Más bienes deben ir acompañados de mayores niveles de responsabilidad. Transparencia, control interno, planificación multianual, fortalecimiento institucional y rendición de cuentas no son opcionales; son condiciones indispensables. De lo contrario, cualquier aumento presupuestario terminaría diluyéndose en ineficiencias y frustración ciudadana.

Los gobiernos locales necesitan no sólo hacienda, sino además capacidades técnicas, personal formado y plataformas digitales que permitan monitorear el uso de los fondos y evaluar resultados. El desafío es doble: financiar la descentralización y profesionalizarla.

Soñar con el 10 % no es una utopía ni un discurso romántico. Es una exigencia democrática y una obligación constitucional. Las ciudades crecen, la población exige más y mejores servicios, y los municipios siguen operando con bienes que no guardan relación con sus responsabilidades reales. Cumplir la ley no es un crédito del poder central; es respetar el situación institucional del país.

La publicación El costo de ignorar el 10% municipal apareció primero en El Día.