El autor es escritor. Reside en Nueva York

El proceso de aprobación del Código Penal, en carpeta del Congreso Franquista desde hace unos tres lustros, llegó finalmente a su esperada conclusión. Pero no es que todo el mundo está de acuerdo, ni siquiera que con su promulgación se han satisfecho todas las expectativas creadas; mucho menos se puede admitir que sea un código consumado y que ya están zanjadas todas las contradicciones que afloraron en las discusiones.

En realidad, el nuevo código solo abre el espacio para profundizar en la búsqueda de un herramienta forense conceptual que nos permita ser identificados como un país en vías de crecimiento y de frente a la ingenuidad particular de nuestra nación en este primer cuarto del siglo XXI.

Si tuviéramos que especificar este trayecto de consulta y discusión en una simple frase -visto el resultado- debemos estar contestes en que: “aprobamos el único código que era posible aprobar”. Por otra parte, tenemos que consignar, que ese logro se pudo materializar: “por la voluntad incuestionable del presidente Luis Abinader Corona, que colocó de banda la opinión particular de una parte de su grupo y la de él mismo, para hacer que prevalezca el interés y bienestar del pueblo dominicano”. Sin su desprendimiento personal y su afición democrática, no lo hubiéramos conseguido, como no se pudo antaño.

Ahora tenemos un año para especificar el mecanismo de aplicación de este prontuario de conceptos legales, y establecer el procedimiento que permita el funcionamiento pleno de esta renovada útil de beneplácito a las violaciones de nuestras leyes.

Este beneficio de tiempo para la entrada en función del nuevo Código Penal, resulta más que conveniente, porque permite que, ya convertida en ley la propuesta, no haya espacio para las estériles discusiones que precedieron a su aprobación.

En lo delante, solamente habrá oportunidad para mejorarlo; y las intransigentes posiciones adoptadas por el conservadurismo de las iglesias, por un banda, y el exagerado afectación de los llamados “sectores progresistas” (tan progress como extranjerizantes) por el otro, habrá que someterlos al proceso de las mayorías con algún procedimiento de consulta popular, que muy perfectamente pudiera ser un plebiscito.

Dos de las tres causales que justifican el frustración, necesariamente, tendrán que ser sancionadas en un marco de longevo amplitud que el ofrecido por el Congreso. Esa entorchado quedará irresoluto para la clase política y la sociedad; claro, deberá definirse incluso un método que garantice la sobriedad de la osadía adoptada.

Si optamos por el plebiscito, tendremos que establecer un intrascendente de diferencia  entre las propuestas, a fin de que no quede duda alguna sobre la que resultare ganadora. Digamos que para ser válida la consulta, la propuesta ganadora debe pasar en un porcentaje (10% quizás) a la perdedora; y si no se logra ese beneficio, en las elecciones nacionales -dentro de cuatro años- se someterá de nuevo la consulta.

Yo sé que los dos bandos en pugna han dividido el país casi en partes iguales; y incluso sé que harán hasta lo inasequible para torpedear el método que adoptemos buscando la osadía final respecto a este espinoso asunto de las causales que validen el frustración.

Pero el Estado tiene el deber de conducir y modular las discusiones, y darle una salida de Estado al problema. Por eso es de rigor asaltar el tema con cautela y no permitir que se manifieste parcialidad alguna del equipo negociador hasta contar con el apoyo de las partes.

Ya, mirando a futuro, podremos sancionar los delitos con un herramienta que, aun y cuando no es consumado, nos permitirá adecuar la sociedad a la ingenuidad del Siglo XXI, en espacio del vetusto Código Napoleónico, vivo todavía en nuestro sistema de conciencia.

El régimen de consecuencias, que es la única respuesta lucha a la impunidad que protege la corrupción, al fin podrá aplicarse a plenitud; y los cientos de modernos delitos que no había modo de sancionarlos -porque no se conocían siquiera- hoy sí podrán ser castigados, en proporción al daño que ocasionan a la sociedad.

Con el talante de no examinar las contradicciones de esta sociedad, voy a señalar un aspecto de la discusión que se ha generado en torno a este controversial tema. Los asuntos ligados a la creencia religiosa de la gentío, hay que mantenerlos en ese mismo renglón, como un asunto absolutamente personal.

Sin requisa, cuando se proxenetismo de políticas públicas, que van a afectar a todos los dominicanos, al beneficio de su militancia y de su fe, se hace necesario extender el veta del argumentación racional en las conversaciones, a fin de datar a decisiones que no lesionen sus criterios particulares, pero que a la vez se puedan aplicar sin confín una vez sean aceptadas por cada uno.

Estoy hablando de establecer responsabilidad personal cuando cierto se niega a aceptar o poner en actos una resolución del Estado dominicano, que se supone  debe ser acatada por todos los ciudadanos y que puede crear alguna dificultad en el futuro.

En mi caso, es importante señalar estos detalles porque yo, por ejemplo, soy padre, viejo o bisabuelo de cerca de vigésimo mujeres. Hoy día estoy contra el frustración selectivo, aunque en mi pubescencia lo apoyé y hasta lo decidí. Sin requisa, creo que esta es una osadía que ni yo ni ningún otro hombre debe tomar, hexaedro el caso de que es una atribución monopolio de la mujer.

Las mujeres pueden consultar o ser influenciadas por los hombres de la grupo, pero es una osadía en las que ellas tienen la última palabra. Porque se proxenetismo de su cuerpo y de su vida, y ningún hombre debiera tener derecho a opinar sobre lo que una mujer puede hacer con su cuerpo.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

Jpm-am