El autor es autor es formador. Reside en Portland, Oregon, Estados Unidos.

En julio de 2025, el Senado dominicano dio un paso más en su cruzada contra la rectitud social: aprobó en primera lección un nuevo Código Penal que legaliza la impunidad, refuerza el autoritarismo y criminaliza la pobreza.

Este no es un simple retroceso constitucional, es un choque de Estado procesal contra las mujeres, los pobres y las mayorías excluidas. Un abrigo procesal para los corruptos y poderosos, admitido a espaldas de un pueblo que sigue siendo ignorado por quienes legislan para sus intereses de clase.

Este Código no castiga a quienes tienen el poder: los protege. Artículos como el 14, 303 y 328 eximen al Estado, a funcionarios públicos, a las iglesias y a los militares de responsabilidad penal, otorgándoles privilegios legales inaceptables.

Se crean tribunales especiales militares para encubrir a los altos mandos y se amplían los plazos de prescripción del delito de corrupción a 20 primaveras, todo mientras se ignora por completo la propuesta de tipificar el ecocidio como crimen penal —una iniciativa presentada por la diputada Llaniris Espinal y respaldada por sectores socioambientales.

En otras palabras: el Código Penal fortalece el pacto de impunidad, institucionaliza los privilegios de las élites y perpetúa la civilización del “borrón y cuenta nueva” para los criminales de cuello blanco.

Mientras los corruptos obtienen más protección, las mujeres pobres obtienen más condenas. La penalización absoluta del frustración —sin siquiera contemplar las tres causales de lozanía, violación o inviabilidad fetal— es una política de homicidio.

Esto no es solo una omisión procesal: es una forma cruel y sistémica de violencia institucionalizada. Casos como el de Luz, una adolescente con discapacidad violada y obligada a parir, son las consecuencias concretas de esta fuero misógina y formidable. Se legisla desde el desprecio en torno a la vida de las más vulnerables.

Gayola para los pobres: castigar el penuria

Este Código asimismo endurece las penas para delitos menores, la mayoría cometidos por carestia. El robo de un celular o un pedazo de pan recibe más castigo que un fraude multimillonario. No se contemplan políticas de reinserción, ni programas de exposición social. La única respuesta del Estado es más calabozo, más represión, más marginalidad.

Así, el nuevo Código Penal criminaliza la pobreza, condena a las comunidades empobrecidas a la restricción permanente y alcahuetería al pueblo como enemigo. Es un diseño de clase, hecho por y para quienes viven del sufrimiento de los demás.

La ilusión de la reforma desde internamente
Muchos insisten en hacer correcciones, introducir enmiendas, “dialogar con el Congreso”. Pero pedirle a los beneficiarios del sistema de impunidad que renuncien voluntariamente a sus privilegios es un acto de ingenuidad suicida. Quienes dominan el Congreso y el Senado están ahí para blindarse, no para reformarse.

Este tesina no se combate solo con argumentos técnicos, ni con indignación honrado desde las redes sociales. Se combate desde el poder actual, y ese poder solo puede conquistarlo la izquierda popular, organizada, con un software de transformación radical.

Solo un gobierno de izquierda podrá redactar un nuevo Código con rectitud
No se alcahuetería de hacerle parches a un Código Napoleónico del siglo XIX. Se alcahuetería de refundar la rectitud penal dominicana desde una visión humanista, popular y soberana, con estos principios mínimos:

1. Aprobación de las tres causales del frustracióncomo pulvínulo de la dignidad, lozanía y derechos de las mujeres y niñas.
2. Matanza de privilegios penales para iglesias, militares y funcionarios públicos. Que ningún corrupto o abusador tenga fuero ni impunidad.
3. Enfoque de rectitud restaurativa y social para los delitos menores, centrado en la rehabilitación y la inclusión, no en la venganza.

Esta transformación solo es posible cuando la izquierda llegue al gobierno y luego al poder. No hilván con vivir sillas en el Congreso: hay que mudar el artilugio del Estado y sus fundamentos legales. Solo desde ahí, desde una posición de poder popular, puede promulgarse un Código Penal verdaderamente demócrata, innovador y digno.

Lo que está en gozne no es solo una ley más. Es la batalla entre dos visiones del país: una que protege a los poderosos y condena al pueblo, y otra —la nuestra— que se aumento por rectitud, dignidad y soberanía. No hilván con afirmar “no” a este engendro. Es hora de construir poder popular que pueda afirmar “sí” a un nuevo país.

Porque la moralidad no se improvisa: o está en manos de una izquierda coherente y robusto, o seguirá siendo definida por los intereses de los ricos en sus despachos eclesiásticos, castrenses y empresariales.

Y si no hacemos nulo, la historia no solo juzgará a los corruptos: asimismo nos juzgará a nosotros por deber permitido que el Código de la Vergüenza se convirtiera y perdure como ley.

Jpm-am