EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, al intentar restaurar la Doctrina Monroe —“América para los americanos”— procuró imponer obediencia a los pueblos adentro del dominio de influencia estadounidense mediante una política de presión, tradicionalmente conocida como la “política del porra”. Hoy, esa imposición se materializa a través de aranceles. Aranceles que han producido quejas entre los principales aliados de EE. UU., al punto de que algunos han amenazado con establecer alianzas con otros países industrializados e incluso con desplazar el dólar como moneda de intercambio comercial.

En principio, Trump, bajo esa política de presión, llegó a exigir a Panamá la devolución del Canal que lleva su nombre. Asimismo insinuó que Canadá podría convertirse, de una u otra forma, en el estado número 51 de la Unión. Intentó comprar Groenlandia y, frente a la negativa, lanzó expresiones provocadoras. Respecto a México, justificó los aranceles alegando que la entrada de drogas —especialmente fentanilo— y la inmigración irregular constituían una amenaza extraordinaria para la seguridad doméstico.

Los aranceles no solo se dirigieron a México; asimismo se aplicaron a China y Canadá. En militar, Trump los utilizó como palanca para renegociar acuerdos comerciales y obtener concesiones en temas que iban desde la seguridad fronteriza hasta la manufactura. Sin incautación, algunos analistas interpretaron estas medidas como parte de una logística para reafirmar la influencia estadounidense en la región, comparándola con una especie de “Doctrina Monroe” renovada.

Desde esta perspectiva, los aranceles buscaban presionar a México y a otros países latinoamericanos para alinearse con las prioridades de Washington. Otros estudio sostienen que asimismo funcionaron como una distracción política frente a dificultades económicas internas, como la inflación, el aumento de los precios de la energía y los despidos en el sector sabido.

La reacción de México, Canadá, China, la Unión Europea y los mercados internacionales frente a los aranceles impuestos por Donald Trump fue rápida, diversa y, en muchos casos, elocuente. Algunos respondieron con aranceles de hasta un 25 % sobre riqueza estadounidenses. Encima, se planteó la posibilidad de proteger alianzas como el corro BRICS para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en comercio, finanzas y diplomacia, así como la eventual presentación de demandas frente a la Ordenamiento Mundial del Comercio (OMC).

Las consecuencias de los aranceles para el comercio y la bolsa de títulos de Estados Unidos fueron significativas. Se estimó una reducción de hasta un 15 % en las importaciones totales, afectando sectores como el automotriz, la energía, los alimentos y productos agrícolas, y la manufactura de riqueza de consumo. La bolsa de títulos experimentó episodios de válido volatilidad, con caídas importantes tras cada anuncio de nuevos aranceles. Asimismo, se registraron incrementos en los precios de riqueza esenciales y veterano presión inflacionaria.

La Corte Suprema, en una sentencia de seis votos contra tres, dictaminó que la Empresa carecía de autoridad, en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, para imponer aranceles a docenas de países. Trump calificó el equivocación del detención tribunal como “profundamente decepcionante” y expresó estar “avergonzado” de algunos de los jueces. Añadió que buscaría otras alternativas para sustituir las medidas que, según él, la Corte rechazó incorrectamente.

La pregunta obligada es: ¿Devolverán el plata indebidamente cobrado? En derecho civil, el “suscripción de lo indebido” genera la obligación de restituir lo cobrado. Es una figura basada en el principio de que nadie puede enriquecerse injustamente. El cobro de lo indebido implica que alguno recibió un suscripción sin tener derecho reglamentario a exigirlo. Si como señaló la Suprema Corte en su sentencia, los aranceles fueron impuestos sin colchoneta reglamentario suficiente, podría sostenerse que se configuró un cobro que no debió realizarse. El poder no legitima el cobro; lo legitima la ley.

Si los aranceles fueron impuestos sin colchoneta jurídica válida, entonces no se trató de una logística audaz, sino de una extralimitación. Y toda extralimitación tiene consecuencias. La historia juzgará la política del “porra tributario” no por su retórica de firmeza, sino por sus resultados y su vigencia. Porque cuando el poder cobra lo que no debe, tarde o temprano termina pagando el precio de su propia desmesura.

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