EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.
En República Dominicana, el corte no es solo una rotura técnica. Es una forma de presión. Un jerga de poder. Un aullido sin voz que dice: “Si no paga, te apago.”
En los abriles 50, bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, el país vivía entre sombras. Las tarifas subían, la luz se iba, y el pueblo respondía con hidrofobia: “Lo que no sirve se bota.” La red eléctrica era precaria, las plantas pequeñas, y los apagones frecuentes.
Cuando Trujillo descubrió que los propietarios estadounidenses de la Compañía Eléctrica Dominicana aumentaban tarifas en barrios pobres, no negoció: ordenó. En enero de 1955, el Estado adquirió la empresa. Nació la CDE.
Pero la naturalización no trajo luz. Llegaron los chantajes sindicales, los sabotajes políticos, la corrupción administrativa. SITRACODE boicoteaba el servicio por intereses partidistas. La CDE se convirtió en saqueo: sobreprecios, clientelismo, y apagones como castigo. Los medios de comunicación reseñaron los niveles de corrupción que envolvieron a la empresa. ¡La dejaron cuasi quebrada!

Décadas posteriormente, en 1999, el gobierno de Leonel Fernández privatizó la CDE. La promesa era modernización. Lo que caldo fue otra forma de chantaje. Los generadores privados, dueños de casi toda la producción eléctrica, aprendieron rápido el arte de la presión: “Si no me pagas el subsidio, te apago.” “Si no apruebas mi concesión, te apago.” “Si no me das lo que pido, apago al pueblo.”
Amenaza
El corte dejó de ser rotura. Se convirtió en mensaje. En amenaza. En útil de negociación. La electricidad, que debería ser derecho, se volvió rehén. Y el pueblo, que antaño gritaba “lo que no sirve se bota”, hoy paga por lo que sirve… pero se apaga.
No es casualidad que los apagones aumenten cuando hay conflictos entre el gobierno y los generadores. No es coincidencia que la luz se vaya cuando se discuten contratos, subsidios, tarifas o campaña electorales.
Es táctica. Es presión. Es chantaje. Y lo más trascendental: es normalizado. Ahora arece repetirse la historia. Hoy, apagones en los barrios pobres con un servicio deficiente.
¿Quién tiene el interruptor? El pueblo no controla el interruptor. El Estado lo cedió. Los empresarios lo negocian. Y mientras tanto, la oscuridad se reparte por sectores, por horarios, por castigos. No por descuido de energía, sino por exceso de intereses.
¿Hasta cuándo seguiremos pagando con apagones lo que otros negocian con luz?
¿Hasta cuándo el chantaje será política energética?
¿Hasta cuándo el pueblo será rehén de un sistema que se enciende solo cuando conviene?
La luz no es privilegio. Es derecho. Y el corte, cuando se usa como presión, no es rotura: es violencia.
jpm-am
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