EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.

El chantaje, en esencia, rebusca profesar control y poder sobre otra persona, apelando al miedo, la error o la presión psicológica, con el fin de obtener poco que en condiciones normales quia se concedería de guisa rescatado. Esta definición del chantaje como mecanismo de poder, es la exposición de un caso característico: “Los productores eléctricos”.

La desaparecida Ley No. 299 sobre Incentivo y Protección Industrial, promulgada el 23 de abril de 1968, establecía beneficios para empresas que invirtieron en maquinaria, infraestructura y producción particular. Se buscaba resumir la dependencia de importaciones y fomentar el empleo industrial, Sin confiscación, muchos empresarios aprovecharon los incentivos para importar capital con fines disfrazados de inversión productiva.

Declaraciones alteradas, subfacturación y triangulación de operaciones, fue una destreza global para eludir impuestos con declaraciones alteradas. Lo que comenzó como una excepción se institucionalizó como norma. Ley 299 inauguró una forma de “refrendo de la diversión” bajo el ropaje del avance. Fue una civilización de privilegio normativo, donde el entorno admitido se adapta a intereses particulares más que al acertadamente global.  La diversión no fue solo una organización individual, sino una destreza sistémica tolerada por redes político-empresariales.

En estos días circula la interpretación de que el Gobierno se prepara a presentar una Reforma Fiscal que pondría fin a ciertos privilegios y subsidios otorgados hace décadas a empresas beneficiadas con exoneraciones de impuestos como incentivo a la creación de empleos. Se manejo de medidas que, en su momento, sirvieron para aliviar la carga social del Estado, pero que tenían un tiempo de caducidad claramente establecido por Ley.

La Reforma Fiscal propuesta por el gobierno de Luis Abinader rebusca precisamente eliminar privilegios históricos y modernizar el sistema tributario. En el sector energético, se contempla una inversión de RD$18,000 millones anuales para mejorar la infraestructura y resumir el obligación eléctrico.

El caso más atractivo es el de los productores de energía eléctrica, que por más de 30 primaveras han importado equipos, repuestos, lubricantes e incluso combustibles sin satisfacer impuestos.

La norma fue clara: ese beneficio vencía al cumplirse los 30 primaveras. Hoy, esas gracias están más que vencidas. Adicionalmente, siguen siendo subsidiados por las pérdidas en bisectriz. Ellos, en zona de aceptar el fin natural de un incentivo temporal, pretenden perpetuarlo, como si la excepción estuviera por encima de la regla. Sin confiscación, no se ha confirmado públicamente que se estén enfrentando presiones o chantaje, aunque el patrón histórico tiene precedentes.

Parecido histórica:

El paralelismo con el gobierno de Hipólito Mejía y la crisis del 2004 refuerza la idea de repetición cíclica. Para evitar ser relegados de los privilegios vencidos, a lo callado, iniciaron una serie de movimientos con la finalidad de chantajear al gobierno, mediante apagones y provocando movimientos alcistas en la tasa cambiaria del dólar que hoy, está a RD$63.40. Eso mismo se lo hicieron al gobierno de Hipólito Mejía, meses ayer de las elecciones; por eso, no resulta extraño que la concurso se reactive, motivada por la inconformidad del pueblo frente al suspensión costo de los alimentos y los constantes apagones.

En aquel gobierno, el dólar llegó a cotizarse a RD$63 por uno, lo que desató un descontento tan profundo que el pueblo bautizó a los supermercados como “las casas del terror”. Fue el chantaje al Estado y, por extensión, a la sociedad, con el peso de un poder crematístico que no conoce límites. El resultado: la derrota del PRD en las elecciones de 2004, y el retorno de Leonel Fernández con el PLD.

Apelación al pueblo

La historia parece querer repetirse. Y aquí radica el definitivo peligro: si el Estado cede en presencia de el chantaje, no solo perderá autoridad, sino que entregará a grupos privados la capacidad de secuestrar la democracia y manipular la riqueza a su conveniencia. Los privilegios vencieron, la ley es clara y el pueblo no puede seguir pagando el precio de un poder empresarial que confunde incentivos con derechos adquiridos.

Ha llegado la hora de que el Gobierno actúe con firmeza, sin miedo y con la ley en la mano. Porque, de lo contrario, lo que hoy es chantaje crematístico, mañana podría convertirse en una amenaza directa a la gobernabilidad y a la estabilidad misma del país.

¿Hasta cuándo el país seguirá tolerando que un puñado de empresas se coloque por encima de la ley? Una verdadera reforma fiscal no debe ceder a presiones ni al miedo que intentan imponer los sectores privilegiados. El momento exige coraje político: eliminar privilegios caducos, cobrar lo que corresponde y demostrar que en República Dominicana ningún camarilla puede chantajear al Estado.

Jpm-am