EL AUTOR es Master en Diligencia y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

El adeudo y posterior escándalo de presunta corrupción en el Seguro Doméstico de Lozanía (SeNaSa) no solo ha sacudido la confianza en la administración gubernativo, sino que todavía amenaza con destapar irregularidades en otras instituciones públicas de la República Dominicana, como el Instituto Doméstico de Tránsito y Transporte Terráqueo (INTRANT), el Instituto Doméstico de Bienestar Estudiantil (INABIE), el Software de Proyectos Especiales de la Presidencia (Propeep), el software SuPerate y la reparticion de moneda entre empleados en el Empleo de Agricultura, entre otros.

El postrer caso de corrupción administrativa salió a la luz hace varias semanas, aunque fue este sábado que el Gobierno anunció que presentó un referencia delante la Procuraduría Universal de la República que contiene grandes irregularidades en el Seguro Doméstico de Lozanía (SeNaSa), para que realicen las investigaciones pertinentes s/ Listin Diario.

Se proxenetismo de la establecimiento del Dr. Santiago Hazin al frente Senasa, y diversos contratos para la adquisición de medicamentos, mala gestion en la atención primaria, entre otros, con irregularidades, pero si el  Dr. Hazin tiene responsabilidad como gerente de SeNaSa tambien hay que determinar si las clínicas privadas, farmacias y prestadores de servicios que se dice cobraron procedimientos inexistentes, afirman que son los verdaderos responsables del desfalco millonario.

Aunque el Gobierno no ha especificado los hallazgos encontrados en su investigación, varios reportajes señalan, que desde el 2020 a la data el Gobierno paga, en al menos un convenio, más de 65 millones de pesos mensuales, sin la exigencia de que se ofreciera el servicio para atención primaria. Ese moneda, practicamente era un regalo que se le daba a ese liga.

El caso salió a la luz pública tras denuncias de dirigentes del partido Fuerza del Pueblo, quienes señalaron un adeudo superior a los RD$3,000 millones en SeNaSa. Seguidamente, las autoridades confirmaron un monto anciano a través de la Superintendencia de Lozanía y Riesgos Laborales (SISALRIL), lo que obligó al presidente Luis Abinader a autorizar una transferencia extraordinaria de RD$6,000 millones desde los fondos de esa institución para cubrir el adeudo. Concomitantemente, fue depositado un expediente delante la Procuraduría Universal de la República por parte de Sheara Haton y del presente director de SeNaSa, a fin de que el caso sea investigado a profundidad (Listín Diario, 2025).

El sometimiento de este caso a la jurisprudencia abre la puerta a que otros expedientes, igualmente sensibles, reciban la atención debida. Entre ellos figuran:

El escándalo del INTRANT, donde se cuestiona la administración de Hugo Beras y Hochi Gómez en el mal manejo de licitaciones multimillonarias.

Las irregularidades detectadas en el INABIE, relacionadas con licitaciones suspendidas por presuntas prácticas fraudulentas en el suministro de alimentos escolares.

La asignación irregular de posibles en Agricultura; las asignaciones sin control por parte del Software Superate con mas de RD$400 millones en bonos distribuidos sin la debida transparencia. El caso en la Ogtic, en la administracion de Bartolome Pujals sobre la contratacion de Twiteros por $6 millones de pesos para crear proyectos que nunca se ejecutaron; arrendamiento de un nuevo edificio a sobreprecio, segun denuncias y varias licitaciones cuestionadas.

La acumulación de estos casos refleja un trastorno en la credibilidad del gobierno de Abinader, que en cinco abriles ha estado marcada por múltiples denuncias de corrupción, con pocos resultados judiciales tangibles. La situación se agrava en un contexto crematístico negativo: el dólar alcanzó niveles históricos en agosto y septiembre de 2025, encareciendo los productos de primera exigencia; la cuenta eléctrica sigue aumentando en medio de apagones recurrentes; y persisten las deudas pendientes de una reforma policial estructural, cuyo incumplimiento ha derivado en tragedias como el homicidio nuevo de cinco jóvenes en Santiago de los Caballeros (Diario Escapado, 2025). Ademas segun informes el 20% de los casos homicidios han sido perpetrados por la policía.

La sociedad dominicana se muestra cansada de una destreza recurrente: funcionarios que son destituidos bajo el mantilla de rumores de corrupción o incapacidad administrativa, pero que rara vez enfrentan la jurisprudencia por los daños causados al hacienda publico. Este ciclo de impunidad genera una peligrosa combinación de desconfianza social, bajo crecimiento crematístico y afición institucional, factores que limitan la capacidad del Estado para impulsar políticas públicas eficaces (PNUD, 2023).

A estas jefatura del mandato, el gobierno tenía suficiente ganancia para demostrar eficiencia, operatividad y capacidad de administración, cumpliendo con el llamado “gobierno del cambio”. Sin requisa, los resultados han estado por debajo de las expectativas. La transparencia, la institucionalidad y la democracia, pilares fundamentales de una República moderna, siguen siendo promesas inconclusas.

El caso SeNaSa, allá de ser un hecho retirado, podría convertirse en el símbolo de la deuda irresoluto del gobierno con la ciudadanía: certificar un serio combate a la corrupción y un manejo transparente de los posibles públicos. De no hacerlo, la historia lo recordará no por el cambio prometido, sino por acaecer dejado intactas las viejas prácticas que minan la confianza en el Estado dominicano.

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