En un contexto de demandas sociales crecientes y cortapisa fiscal crónica, volver con propósito se vuelve no solo deseable, sino imprescindible. Esa fue la filosofía que aplicamos en el Defensor del Pueblo: alterar una estructura subutilizada en una institución de suspensión impacto, sin aumentar el tamaño del Estado, pero sí su utilidad.

Entre 2021 y 2024, el presupuesto institucional pasó de RD$165 millones a RD$425 millones. Un incremento de más del 157%, rematado no por presión política, sino por resultados verificables. Aplicamos la Teoría de Diligencia por Resultados (Managing for Results), como propone Robert Behn: “Los posibles deben seguir a los resultados, no a la retórica”.

Y los resultados están a la perspicacia:

• 9,324 casos recibidos solo en 2024, con un índice de respuesta del 96.2% bajo certificación ISO 9001.
• Más de 312,000 personas impactadas con educación en derechos ciudadanos.
• Una nueva sede institucional construida con menos de RD$165 millones, y sin sobrecostos.
• Reforma organizacional y maniquí de gobernanza basado en evidencia y transparencia, con puntuación perfecta (100/100) delante la DIGEIG y el Empleo de Hacienda.

Más aún, iniciamos una expansión territorial sin precedentes: recorrimos las 32 provincias con la Ruta de los Derechos; instalaremos Casas de los Derechos en las 10 regiones del país; y creamos un software de formación cívica sin precedentes para escuelas, universidades y comunidades.

Todo esto con casi nada el 0.03% del Presupuesto Doméstico. Lo reitero: 0.03%.

Mientras organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) alertan que el desembolso de inversión pública en el país ronda casi nada el 9.8, cuando debería aventajar el 20% para conseguir sostenibilidad y cerrar brechas, mostramos que es posible reorientar el desembolso sin aumentar impuestos, simplemente mejorando la eficiencia institucional.

La confianza pública no se impone: se apetito. Y se apetito con transparencia, efectividad y disposición de servicio.

En un país que aspira a consolidarse como capital emergente, necesitamos más que crecimiento: necesitamos instituciones que funcionen. Ese es el mejor entorno para los negocios. Y además para la dignidad.

Porque volver proporcionadamente, incluso desde lo notorio, es la mejor señal de progreso sostenible.