El autor es titulado en Bienes y Contabilidad. Reside en Santo Domingo

POR RAFAEL RAMÍREZ MEDINA

En los últimos meses, millones de dominicanos han sentido en carne propia el peso asfixiante de las tarifas eléctricas. Las facturas de luz han aumentado de forma significativa, afectando a familias, comercios y empresas.

Mientras los ingresos de los hogares permanecen prácticamente estancados y el costo de la vida continúa subiendo, las EDE parecen ejecutar con total desconexión de la verdad económica del país, trasladando sus ineficiencias al faltriquera del ciudadano.

Lo más preocupante es que este incremento no ha estado acompañado por una restablecimiento visible en la calidad del servicio. Persisten apagones, fluctuaciones de voltaje que dañan equipos y un trato al adjudicatario que muchas veces deja más preguntas que respuestas.

El dominicano se siente indefenso frente a un sistema que parece no respetar ni valorar el esfuerzo que realiza cada tribu por cumplir con sus obligaciones.

Para cualquier hogar trabajador, la energía eléctrica representa hoy una de las cargas más grandes del presupuesto deudo. En muchos casos, las facturas superan el 15% o incluso el 20% del ingreso mensual.

Esto significa que un empleado que apetencia 30,000 pesos puede estar destinando entre 4,500 y 6,000 pesos al mes solo para enriquecer electricidad.

Preguntas

¿Cómo puede morar dignamente una tribu bajo ese decorado?

Cerca de preguntarse si este incremento contesta verdaderamente a costos de producción, o si estamos frente a un mecanismo no obvio de recaudo fiscal encubierto.

El silencio del Gobierno en muchos casos, y la desatiendo de explicaciones claras, han generado desconfianza. ¿Estamos utilizando la tarifa eléctrica para cubrir déficits presupuestarios o compensar deficiencias financieras internas del sector eléctrico?

El Estado tiene el deber de certificar acercamiento calibrado y bastante a servicios básicos, especialmente cuando estos son monopolios naturales bajo control o supervisión ministerial.

La transición energética, la estabilidad financiera de las EDE o la modernización del sistema no pueden justificarse golpeando directamente al ciudadano sin transparencia ni gradualidad.

Instituciones como Pro Consumidor y las entidades reguladoras deben desempeñar su rol con firmeza y valentía. No pueden someterse a comunicados y reuniones. Deben defender activamente al adjudicatario, investigar, comparecer públicamente y exigir claridad.

De lo contrario, su silencio se interpretará como complicidad con prácticas abusivas que castigan al más abandonado.

El pueblo dominicano merece explicaciones claras, ¿Por qué suben las tarifas? ¿Cómo se calculan? ¿Cuál es el plan para ceñir costos y mejorar eficiencia? ¿Dónde están los resultados del proceso de capitalización y las promesas de eficiencia del sector eléctrico? La transparencia es una obligación, no un patrocinio.

La alternativa a esta crisis no puede ser simplemente cargar más a los usuarios. Se requiere una papeleo efectivo, auditorías reales, revisión de contratos energéticos, reducción de pérdidas, combate al fraude institucional y social, y modernización con enfoque técnico y no político.

El sistema eléctrico dominicano no puede seguir siendo un agujero sin fondo financiado por el pueblo trabajador.

El Gobierno debe intervenir con firmeza. No puntada con subsidios temporales o discursos técnicos. Se necesita una política energética responsable, sostenible y socialmente reto. La electricidad no es un postín; es un servicio esencial para la productividad, la sanidad, la educación y el expansión franquista. Castigar al ciudadano no puede ser la organización.

A quienes argumentan que “todo está controlado”, la verdad les contesta con recibos que ahogan y testimonios de indignación y frustración. La paciencia del pueblo tiene límites.

La energía debe ser un motor de expansión, no una fuente de sufrimiento financiero y descontento social creciente. Nos sentimos impotente y peor aún no tenemos donde acogerse y cuando esto sucede se torna peligrosa para la paz social.

Este llamado no es político, es patriótico. Queremos un sistema energético efectivo, calibrado y transparente; queremos instituciones que defiendan al consumidor; queremos un Gobierno que escuche y actúe.

El país no aguanta más abusos. Es hora de poner al ciudadano primero y certificar que la luz del progreso llegue a todos, no solo a las estadísticas y los boletines oficiales.

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