Es una falta que las autoridades educativas encuentren una vía que garantice la eficiencia del sistema y la reducción de la pérdida de clases, particularmente cuando estás tienen emplazamiento adecuado a paros organizados por el comunidad de los profesores o demostraciones de grupos estudiantiles.

Pero por lo conocido este objetivo es de difícil concreción con una Asociación Dominicana de Profesores centrada en los beneficios materiales de sus afiliados y poco, o mínimo, en las micción nacionales de una educación valioso.

Una entrevista en la que el ministro Luis Miguel de Camps trató este punto deja ver las dificultades que se quieren evitar, a la vez que se proxenetismo de establecer una vía para la realización de un año escolar como ha sido planeado.

La semana pasada, de acuerdo con De Camps, tuvieron una sesión en la que consensuaron comenzar a trabajar un protocolo para que, si hay razones o intereses de propaganda de derechos, se agote un proceso original sin aparecer a la suspensión de docencia.

Esto, desde luego, sólo se puede conversar o discutir con la ADP que, desde su dirección doméstico o desde las denominadas seccionales, recurre a la paralización de la docencia como petición para alcanzar objetivos que en algunos casos son, por cierto, del interés de la comunidad, como puede ser la construcción o mejoramiento de los planteles educativos.

Esto lo hemos conocido en varias comunidades del boreal del país desde el inicio del flagrante año escolar. Las seccionales del comunidad de los profesores tienen en estos reclamos un punto que debe provocar sentimientos encontrados en los padres que tienen a sus hijos en la escuela pública.

La formación de los menores es importante y deseable, pero asimismo lo es que tenga emplazamiento en centros de estudio en condiciones óptimas, un punto que por lo conocido resulta difícil de satisfacer desde el Gobierno.