El autor es comunicador. Reside en Nueva York

POR LUIS M. GUZMAN

El escándalo de SeNaSa en República Dominicana ha expuesto con crudeza las vulnerabilidades del sistema sabido de vigor. Lo que empezó como denuncias periodísticas sobre irregularidades financieras terminó escalando hasta convertirse en un caso remitido a la Procuraduría. El asegurador estatal, columna vertebral de la cobertura de millones de dominicanos, quedó bajo sospecha de fraudes, mala administración y uso clientelista.

Entre las irregularidades señaladas destacan facturaciones por servicios no prestados, autorizaciones espanto y el manejo de una doble contabilidad que maquillaba datos para el regulador. Estas prácticas erosionaron la transparencia y dejaron en evidencia la facilidad con que se puede manipular la información financiera en marcha de controles efectivos, comprometiendo la sostenibilidad del sistema.

El impacto en los pacientes fue inmediato. Deuda en pagos a prestadores generaron rupturas en la sujeción de servicios, consultas demoradas, medicamentos de detención costo en peligro y tiempos de aplazamiento prolongados. Cuando el paciente se convierte en “costo contable” y no en sujeto de derecho, la medicina se deshumaniza, transformando la experiencia de atención en un proceso frío y administrativo.

En medio de la crisis, se reveló otro problema, la concentración de pacientes en manos de un solo prestador. Adscribir hasta quinientos mil afiliados a una clínica sin cronometrar su capacidad instaló un monopolio nocivo. La saturación derivó en servicios superficiales, largas filas y defección de la atención preventiva. Este esquema afectó la calidad y generó inequidad en el ataque.

A ello se suma la experiencia de facturar sin ofrecer servicios. Clínicas y farmacias ficticias cobraban al sistema sin entregar medicamentos ni realizar procedimientos. Este fraude no solo infló el desembolso, sino que igualmente restó fortuna a quienes en realidad los necesitaban. En paralelo, algunos prestadores priorizaron servicios más costosos y rentables, dejando en segundo plano las deposición básicas y preventivas.

El caso igualmente tocó un nervadura político sensible. La examen denunció que SeNaSa fue utilizado con fines clientelistas en el proceso electoral de 2024, señalando que la afiliación masiva al régimen subsidiado buscaba enterarse votos. El Gobierno, por su parte, sostuvo que ya había metódico investigar desde noviembre de ese año, intentando mostrar proactividad. La conexión entre corrupción y reelección aún se debate en lo político y procesal.

Más allá de la pugna electoral, el resultado fue la desgaste de la confianza ciudadana. Los dominicanos perciben que su seguro sabido se convirtió en trofeo de intereses y que la vigor se administra como mercancía. La percepción de impunidad y preferencia político debilita no solo a SeNaSa, sino igualmente al propio Estado, que debería certificar equidad y protección.

El impacto financiero es considerable. Los fraudes y la concentración de pacientes distorsionaron el desembolso, provocando déficits que requirieron transferencias extraordinarias. Esto redujo los fortuna disponibles para infraestructura hospitalaria y programas preventivos. Así, la corrupción en vigor no solo afecta bolsillos públicos, sino que compromete vidas y oportunidades de bienestar colectivo.

Delante este panorama, se han planteado soluciones de rediseño. Una de ellas es crear un tablero sabido de transparencia, con indicadores de ataque, mora, calidad y satisfacción ciudadana en tiempo casi vivo. De esa modo, pacientes y prestadores podrían monitorear pagos, tiempos de aplazamiento y contrataciones, reduciendo el espacio para la opacidad.

Otra reforma esencia es el rediseño de las compras de medicamentos. Centralizar adquisiciones, aplicar contratos entorno, usar recetas electrónicas y exigir serialización de fármacos permitiría disminuir el fraude sin restringir el ataque. La trazabilidad desde la fórmula hasta la dispensación es básico para que cada peso invertido se traduzca en vigor vivo.

Igualmente se requiere jalonar la concentración de pacientes por prestador, implementar pagos mixtos que premien resultados de vigor, y acrecentar auditorías inteligentes. La depuración de prestadores fraudulentos debe hacerse con garantías al paciente: continuidad en tratamientos crónicos, tiempos máximos de resolución y compensaciones automáticas cuando se afecten derechos.

El caso SeNaSa es una advertencia, sin transparencia, regulación efectiva y enfoque humano, la vigor se convierte en un contorno fértil para la corrupción.

Rediseñar las reglas, forrar los procesos y reorientar el sistema cerca de la dignidad del paciente no es una opción, sino una emergencia. Solo así se podrá metamorfosear un escándalo en una oportunidad de reforma estructural.

Jpm-am