El autor es médico. Reside en Santo Domingo

POR VICTOR GUILLERMO GARRIDO P.

Una recta de algas en el horizonte caribeño ya no es homólogo de belleza exótica. Es una advertencia. Hoy, nos detendremos en una marea idéntico y metafórica que amenaza con tirar consigo el pilar de nuestra patrimonio: el turismo.

Nos referimos a la persistente y mal gestionada amenaza del alga en Bávaro y Punta Cana, un ícono del turismo dominicano. Lo que alguna vez fue una deformidad natural, actualmente es un problema estructural con profundas implicaciones sanitarias, económicas, ecológicas y de imagen para el país.

El paraíso tropical se está tornando inhóspito, y los turistas, que son nuestra razón de ser, lo están notando.

Imaginen por un momento que el turismo es un motor de altísimo rendimiento, fundamental para la patrimonio doméstico, y el alga es la arena que se filtra poco a poco en sus engranajes.

La contaminación visual y olfativa, descrita por los turistas como «huevos podridos» oportuno al gas de ácido sulfhídrico (H2S) que se libera al descomponerse el alga, no solo daña la experiencia, sino que asimismo erosiona la confianza. La terreno se completa con playas cubiertas de algas marrones, en contraste con las aguas cristalinas que prometen los folletos.

Contradicción

Esta contradicción entre expectativa y sinceridad ha generado una avalancha de críticas en foros internacionales del sector turismo; redes sociales y plataformas de alucinación se han convertido en un número que ahuyenta a los visitantes, quienes ya han tomado la valor de no regresar ni encomendar el destino.

Esta contradicción entre la promesa y la sinceridad está causando un daño reputacional que tiene un costo tangible y severo.

El impacto crematístico no es una mera suposición, sino una sinceridad palpable. El turismo representa aproximadamente el 19% del PIB de la República Dominicana y es una fuente de empleo para más de 330,000 personas.

Cada punto porcentual que perdemos en la arribada de visitantes se traduce en millones de dólares en divisas y empleo, afectando la estabilidad económica del país. Países vecinos como México ya han experimentado este impacto, con una reducción del 2.5% en la arribada de turistas en 2019 y gastos anuales de entre 30 y 35 millones de dólares solo en la pundonor de Quintana Roo. El costo de la inacción es, en el derrochador plazo, mucho veterano que el de la prevención.

La respuesta de nuestras autoridades, aunque existente, ha sido, hasta ahora, un parche momentáneo, no una táctica. La Resolución 0046-2025 del Ocupación de Medio Circunstancia, que permite la convento manual y con equipo pueril, tiene una vigencia absurda de solo 10 días, lo que demuestra la desliz de una política a derrochador plazo.

Encima, la Ley 64-00, si adecuadamente protege áreas sensibles al prohibir el uso de maquinaria pesada en zonas protegidas, lo cual es comprensible, entorpece la convento capaz al impedir el uso de esos equipos sin permisos que rara vez se otorgan a tiempo. Esto crea un vano de argumento calibrado donde más se necesita celeridad.

Otros países han demostrado que el problema no es insuperable si se actúa con visión. México, por ejemplo, ha invertido más de un millón de dólares por kilómetro en barreras marinas y embarcaciones especializadas para detener el alga en ingreso mar, una inversión que se justifica por el retorno en ingresos turísticos.

Por otro banda, Barbados y Explosivo han optado por la innovación, desarrollando biotecnologías para modificar el alga en fertilizantes, biogás o ladrillos, convirtiendo un problema en una oportunidad. Martinica y Guadalupe instalaron sensores de gases y evacuaron zonas sensibles, priorizando la vigor de residentes y visitantes. La inversión original es ingreso, pero los beneficios económicos y ambientales a mediano plazo son considerables.

Organización

Es evidente que el Estado dominicano necesita una táctica audaz y coherente. El primer paso debe ser una regulación firme que obligue a los propietarios de hoteles y terrenos a surtir limpios los frentes de playa que explotan, con sanciones severas para quienes incumplan, como cierres temporales, suspensiones de licencias o multas.