El autor es docente y diestro en intervención social y comunitaria. Reside en Santo Domingo

POR ENMANUEL DÍAZ SANTIAGO

Volver en la principio y lozanía no es un consumición: es la colchoneta de un país más calibrado, resiliente y próspero.

La República Dominicana ha experimentado avances significativos en materia de incremento social en los últimos primaveras, especialmente en lo que respecta a la principio y lozanía. Sin requisa, persisten brechas estructurales que limitan el pleno prueba de los derechos de millones de niños, niñas y adolescentes. Estas notas analizan los principales logros y desafíos en el periodo 2023–2025.

La inversión pública en principio y adolescencia alcanzó en 2023 el 24% del consumición divulgado total, equivalente al 5.0% del PIB franquista. Este crecimiento sostenido (más del 10% respecto a 2022) se distribuyó principalmente en educación (65%), salubridad (12%) y protección social (9%) (UNICEF, 2024). Por otra parte, se ha consolidado el Gobierno de Inicio y Adolescencia, una instancia interinstitucional que exploración coordinar políticas públicas con enfoque de derechos.

En el ámbito de la salubridad, la implementación del Plan de Apresuramiento para la Reducción de la Mortalidad Neonatal permitió achicar en un 9% las muertes neonatales en 2023 respecto al año previo (Listín Diario, 2024). Asimismo se han fortalecido los programas de formación técnica: INFOTEP capacitó a más de 2.4 millones de jóvenes entre 2020 y 2024, priorizando áreas como comercio, tecnología, farmacología y educación (El Día, 2025).

A pesar de estos avances, la pobreza inmaduro sigue siendo intranquilizante. El 34% de los niños vive en pobreza monetaria, y en zonas como el suroeste del país esta número asciende al 59.4% (UNICEF, 2024). En comunidades como Bayaguana y Monte Plata, se reportan condiciones de negligencia estatal, anhelo, inseguridad y desatiendo de infraestructura básica (Al Instante Diario, 2025).

La violencia contra niños y adolescentes continúa siendo una problemática profundo. Dos de cada diez adolescentes han sufrido violencia física o psicológica por parte de sus cuidadores, y cuatro de cada diez padres admiten utilizar castigos físicos como método de corrección (Acento, 2025). Esta normalización de la violencia en el hogar tiene género devastadores en el incremento emocional y social de los menores.

El impedimento adolescente y las uniones tempranas siguen siendo prácticas extendidas. En 2023, 7,616 niñas menores de 18 primaveras dieron a luz, incluyendo 647 entre los 9 y 14 primaveras (Diario Soberano, 2024). Estas situaciones interrumpen la trayectoria educativa de las adolescentes, perpetúan ciclos de pobreza y aumentan la vulnerabilidad frente a la violencia y la reserva.

El desempleo jovial, por su parte, se mantiene en niveles preocupantes. Al cerrojo de 2024, la tasa de desempleo jovial era del 8.3%, y la inactividad económica afectaba al 34.5% de la población en momento de trabajar (El Día, 2025). Esta situación genera frustración, migración forzada y pérdida de haber humano.

Acciones

Frente a este panorama, es urgente blindar las políticas públicas con enfoque territorial, intersectorial y de derechos. Algunas acciones claves incluirían:

1. Ampliar la cobertura de protección social en zonas vulnerables, priorizando transferencias condicionadas, provisiones escolar, llegada a servicios básicos y atención psicosocial.
2. Implementar programas de prevención de violencia intrafamiliar y comunitaria, con formación para padres, atención a víctimas y fortalecimiento de los sistemas de protección inmaduro.
3. Blindar la educación sexual integral en las escuelas, contiguo con servicios de salubridad sexual y reproductiva accesibles para adolescentes, especialmente en zonas rurales.
4. Promover la empleabilidad jovial mediante alianzas público-privadas, incentivos a la contratación de jóvenes, apoyo al plan y expansión de la formación técnica en sectores emergentes.
5. Fomentar la décimo jovial en la formulación de políticas públicas, garantizando espacios de consulta, representación y toma de decisiones en los niveles locorregional y franquista.
6. Monitorear y evaluar las políticas públicas con indicadores desagregados por momento, sexo, departamento y nivel socioeconómico, para afirmar que las intervenciones lleguen a quienes más lo necesitan.

La principio y lozanía dominicanas representan una oportunidad histórica para el incremento del país. Si aceptablemente se han conseguido avances importantes, las brechas persistentes exigen una respuesta más ambiciosa, coordinada y sostenida. La inversión en este colección poblacional no solo es un mandato ético y reglamentario, sino una táctica inteligente para construir una sociedad más equitativa y resiliente.

Cada caprichoso que accede a educación, cada bisoño que encuentra empleo, cada adolescente que se empodera es una trofeo colectiva. Podemos hacer la diferencia. Y debemos hacerlo ahora.

enmanuel.diaz@hotmail.com

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