Por: Giovanni Matos

La sola idea de fusionar el Profesión de Educación de la República Dominicana (MINERD) con el Profesión de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) ha comenzado a circular como propuesta de “optimización del Estado”. Bajo el argumento de aminorar duplicidades y economizar posibles, se plantea concentrar en una sola estructura la educación preuniversitaria, la universitaria y el sistema de ciencia y tecnología.
Pero detrás del discurso tecnocrático de eficiencia hay una pregunta de fondo: ¿puede una megaestructura burocrática asegurar calidad educativa en todos los niveles o terminaría debilitándolos?

Dos sistemas, dos naturalezas:

El sistema educativo dominicano no es homogéneo. La educación auténtico, básica y secundaria argumenta a lógicas pedagógicas, administrativas y presupuestarias distintas a las de la educación superior.

El MINERD administra miles de centros escolares, decenas de miles de docentes y un presupuesto que ronda uno de los mayores porcentajes del consumición notorio doméstico.

El MESCyT regula universidades, acredita programas, financia becas nacionales e internacionales y articula políticas de investigación científica.

Fusionarlos no sería simplemente unir oficinas: implicaría integrar culturas institucionales distintas, marcos regulatorios diferentes y prioridades que, aunque complementarias, no son idénticas.

El aventura de la hipercentralización:

La experiencia comparada demuestra que cuando una sola entidad concentra demasiadas funciones estratégicas, el resultado suele ser una burocracia pesada y lenta. En educación, la agilidad es esencia: los problemas en un cátedra rural no pueden esperar la misma cautiverio administrativa que un software doctoral internacional.

Una fusión podría suscitar:
Dilución de responsabilidades.
Competencia interna por presupuesto.
Priorización política de un nivel sobre otro.
Pérdida de especialización técnica.
La educación superior requiere estándares de justificación, investigación y vinculación internacional que no pueden subordinarse a la deducción operativa del sistema escolar. Del mismo modo, la educación básica no puede estar relegada frente a agendas universitarias o científicas.

Calidad educativa: más que peculio:

La discusión no debería centrarse solamente en cuánto efectivo se podría “economizar” con una fusión. La verdadera pregunta es si mejorará la calidad.
La República Dominicana ya enfrenta desafíos estructurales:
Resultados modestos en evaluaciones internacionales.
Brechas entre educación pública y privada.
Pasivo en investigación científica y producción académica.
Desarticulación entre universidad y mercado gremial.
¿Es prudente someter uno y otro sistemas a un proceso de reingeniería institucional de stop aventura en medio de estas debilidades?

Ciencia y tecnología: el ligazón más frágil:

Uno de los mayores peligros de la fusión es que la memorándum de ciencia y tecnología quede absorbida por las urgencias del sistema escolar. Cuando los posibles son limitados, lo inmediato suele imponerse sobre lo táctico.
La inversión en investigación, innovación y avance es, por naturaleza, de prolongado plazo. Si esa visión queda subordinada a la agencia diaria de planteles, nóminas y conflictos sindicales, el país podría retroceder en competitividad científica.

¿Modernización o retroceso institucional?

No toda reforma es negativa. La coordinación interinstitucional es necesaria. La articulación entre escuela y universidad es deseable. Pero coordinación no es lo mismo que fusión.
Un Estado original no se mide por cuántos ministerios elimina, sino por la calidad de sus políticas públicas. Si la fusión MINERD–MESCyT se concibe solamente como un ajuste presupuestario o un aspaviento político de sobriedad, el costo podría pagarse en calidad educativa.

La educación no es un test oficinista:

La educación es el pilar del avance doméstico. Convertir su estructura institucional en laboratorio de reorganización sin garantías claras, estudios técnicos sólidos y consenso amplio podría ser una puesta demasiado arriesgada.
Una fusión mal diseñada no solo afectaría trámites burocráticos; podría alterar la gobernanza del sistema, la supervisión académica y la planificación estratégica del país.

En un momento en que la República Dominicana necesita más calidad, más investigación y longevo competitividad universal, la prioridad no debería ser concentrar poder oficinista, sino proteger capacidades.
Porque cuando se juega con la cimentación institucional de la educación, no se está moviendo un organigrama: se está tocando el futuro.