A pesar de que durante los tres períodos de gobierno de Leonel Fernández (1996-2000,  2004-2008 y 2008-2012) se crearon las estructuras esenciales para combatir la corrupción administrativa y la agencia de una mejor honestidad, en la praxis fue muy poco o casi ausencia lo escaso.

Durante los citados períodos se impulsó un proceso de modernización institucional, con el objetivo de transparentar la agencia pública. Las estructuras creadas sentaron las bases del ámbito procesal anticorrupción coetáneo en la República Dominicana, pero, a la vez, para algunos expertos en la materia, sirvieron como mecanismo de blinda para su protección y la de los suyos.

DPCA hoy Pepca

El ex mandatario creó el Área de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) hoy Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), como punta de venablo institucional para investigar delitos cometidos por funcionarios.

Puede observar: https://elnacional.com.do/la-corrupcion-en-el-gobierno-de-balaguer/

Su primer director lo fue el doctor Pedro Puntual Castellanos, ex togado del Tribunal Constitucional (TC), quien renunció al cargo alegando que había cansado su rol, pero para algunos, su dimisión obedeció a que no se doblegó frente a ciertos requerimientos del Poder Ejecutante que, incluso, incluso motivaron la renuncia del procurador de ese entonces, Mariano Germán Mejía.

Comisión de Etica

Creó La Comisión Doméstico de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) mediante el decreto en 2005, para trabajar en la parte preventiva y educativa del Estado. Su objetivo principal era supervisar el cumplimiento del Código de Ética del Servidor Divulgado.

Compras

Impulsó la creación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 340-06) y bajo su mandato incluso se creó la Dirección Militar de Contrataciones Públicas (DGCP).  Por primera vez se estableció un ámbito regulatorio cumplidor para que el Estado comprara caudal y servicios mediante licitaciones, buscando eliminar la «asignación a dedo».

OAI

Promovió la aprobación de la Ley 200-04 de Llegada a la Información (OAI) en cada institución pública, como forma de transparentar el funcionamiento de las instituciones estatales.

Actualmente, es una de la ley más usada, en singular, por instituciones que trabajan en la lucha contra la corrupción administrativa en República Dominicana.

Defensor del Pueblo

Aunque no fue su propulsor, Fernández fue el de la idea de que el Defensor del Pueblo fuera incluido en la reforma que se le hizo a la Constitución de la República en el 2010.

CNM

Si correctamente la ley se aprobó en el 94, fue en 1997 durante el primer gobierno de Fernández que  se convocó por primera vez el Consejo Doméstico de la Magistratura  (CNM) para designar una nueva Suprema Corte de Honradez (SCJ), que presidió Jorge Subero Isa.

ENJ

Promulgó en du primer mandato la ley que crea la Escuela Doméstico de la Judicatura (ENJ), iniciativa del presidente de la Suprema Corte de Honradez (SCJ) de ese entonces, doctor Jorge Subero Isa, con la intención de formar los jueces que, hasta esa momento, eran empíricos.

Los fiscales

En su postrero período (2011) promulgó la Ley 133-11, conocida como la Ley Orgánica del Empleo Divulgado, que le otorga prerrogativa de independencia y autonomía a los procuradores adjuntos, de Corte, fiscales titulares y fiscalizadores.

Formalizó el concurso de concurso como la única vía de entrada para ser fiscal de carrera, buscando sujetar el designación por preferencia político.

Leonel Fernández transformó la figura del fiscal de un simple auxiliar de la honestidad a un investigador autónomo y de carrera, acorazado por una estructura constitucional y una ley orgánica que rige su formación y avance.

Esa reforma permitió que los fiscales de ese entonces que respondían a su mandato pasaran a formar parte de la Carrera del Empleo Divulgado, haciéndolos inamovibles, lo que para mucho constituyó una  aval de protección.

Comisionado

En los gobiernos del doctor Leonel Fernández se crearon las estructuras y organismos necesarios, que dieron como resultado la reforma procesal que hoy disfrutan los dominicanos.

Con esos fines, durante su primer período de mandato creo el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Honradez mediante el decreto  489-96, a cargo del doctor Hilo Vásquez.

Surgió como una respuesta a la crisis institucional del sistema procesal de los abriles 90. Su objetivo principal era coordinar los esfuerzos de reforma, impulsar la independencia del Poder Procesal y modernizar las estructuras legales y administrativas del país.

Su creación fue un paso previo fundamental para hitos posteriores, como la conformación del primer Consejo Doméstico de la Magistratura reciente y la designación de la «Suprema Corte de Honradez de 1997», que transformó el sistema legal dominicano.

TCRD

Fernández fue el principal promotor de la reforma constitucional de 2010, que entre otras cosas tuvo como resultado la creación del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bajo su mandato se convocó a una consulta popular y se conformó una comisión de juristas para redactar el tesina. Fernández defendía la carestia de un entraña especializado que fuera el «celador de la Constitución», separado de la Suprema Corte de Honradez.

Con ese propósito, se designó una comisión de expertos para elaborar el boceto de la nueva Constitución, con figuras destacadas de la comunidad jurídica dominicana. Fueron ellos, Milton Ray Guevara (quien luego sería el primer presidente del TCRD); Eduardo Jorge Prats, el periodista Adriano Miguel Tejada y Leyda Piña.

En fin, en los gobiernos de Fernández se hicieron las más importantes reformas judiciales quia realizadas en departamento dominicano.

Sin bloqueo, en lo referente a la lucha y persecución de la corrupción, estas reformas parecen no acontecer rendido frutos, partiendo de los resultados de los expedientes que se conocieron en ese entonces.

Durante los tres periodos de gobierno de Fernández  se presentaron diversos expedientes y denuncias de corrupción, pero ningún caso de importancia llegó a los tribunales, según se observa en los archivos consultados por El Doméstico. Algunos llegaron a los tribunales tras el cambio de mando, mientras que otros fueron objeto de intensos debates públicos y auditorías.

Crespon desfavorable de la Sund Land

El caso de la Sund Land Group, consistente en un préstamo por US$130 millones que tomó a esa empresa sin la aprobación del Congreso Doméstico, fue uno de los más sonado durante el período de gobierno 2004-2008.

El expediente fue llevado a la Suprema Corte de Honradez (SCJ) mediante un apelación de inconstitucionalidad presentado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alterno, sin resultado alguno.

Los demandantes alegaron que el Poder Ejecutante, bajo la agencia de Fernández, había violado la Constitución al suscribir pagarés y comprometer el crédito conocido sin la aprobación previa del Congreso Doméstico, tal como lo exigía la Carta Magna de aquel entonces.

Sin bloqueo, en diciembre de 2008, la Suprema Corte de Honradez emitió un parecer histórico y polémico. Aunque los jueces de la adhesión corte reconocieron que el resolución era inconstitucional por no acontecer pasado por el Congreso, declararon el apelación como «irrecibible».

Argumentaron  que los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil no tenían «calidad» (legalización procesal directa) para elevar ese tipo de bienes frente a el tribunal en ese momento, una interpretación que generó fuertes críticas en la opinión pública y sectores jurídicos.

Fue una atrevimiento tan polémica que, incluso tiempo luego, el entonces presidente de la Suprema Corte de Honradez, Jorge Subero Isa, admitió que se trató de un parecer que marcó negativamente la trayectoria de los jueces que habían sido designados en 1997.

Destacó que frente a la opinión pública, la sentencia del mencionado caso fue olfato como lo único malo realizado por esa Suprema Corte y “lamentablemente” es lo que más se recuerda de esos 14 abriles que estuvieron los jueces designados por el Consejo Doméstico de la Magistratura, en 1997.

“El caso Sun Land yo siempre he dicho que fue un crespón desfavorable en la toga de los jueces de la Suprema Corte de Honradez de esa época. Yo sigo creyendo que no fue una buena sentencia. Fue una atrevimiento política. Sun Land fue un caso inminentemente político que se le dio una posibilidad política”, afirmó Subero Isa en esa ocasión.

Planificar renovar

El expediente del Plan Renove, consistente en un fraude en la negocio de vehículos para renovar el sistema de transporte conocido en República Dominicana durante la encargo del presidente Hipólito Mejía (2000-2004), fue el caso de más importancia llevado a la honestidad en el posterior gobierno de Fernández.

El Plan Renove fue un software estudioso durante el gobierno del ex presidente Mejía a  través del cual se importaron miles de vehículos livianos y pesados, para el transporte conocido de pasajeros y de cargas. La idea era sustituir viejos y destartalados vehículos por nuevas unidades.

Sin bloqueo, al iniciar el gobierno de Fernández (2004-2008) sindicalistas y empresarios del transporte colectivo y ex funcionarios fueron apresados y sometidos a la honestidad implicados en una presunta estafa contra el Estado por más de 1800 millones de pesos a través del Plan Renove. El caso se debatió en la honestidad y en octubre de 2005,  los imputados fueron condenados varios abriles  de prisión y multas de hasta 15 millones de pesos.

¿Quiénes fueron los condenados?

Los sentenciados fueron Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz Rosado, Milcíades Amaro Guzmán, Gervasio de la Rosa, Blas Peralta, Francisco Antonio Pérez, Paulino Antonio Reynoso (Padre Toño), Freddy William Méndez, el hoy senador Antonio Marte  y Alfredo Pulinario Linares (Cambita). La sentencia fue dictada en el 2005 por la Villa Sala Penal del Distrito Doméstico.

La Corte le impuso tres abriles de clausura pequeño y una multa de RD$15 millones a Franco Badía, al declararlo culpable de prevaricación en perjuicio del Estado en la distribución de 3,035 unidades asignadas en cesión mediante el Plan Renove. El tribunal dispuso que el cumplimiento de su pena fuera  domiciliaria por su estado de lozanía.

Ruiz fue condenado a cuatro abriles de prisión y una multa de RD$10 millones; Amaro Guzmán, a tres abriles de prisión y RD$5 millones. Mientras Antonio Marte fue sentenciado a tres abriles de mazmorra y el cuota de  una multa de RD$8 millones. Gervasio de la Rosa, a dos abriles de clausura pequeño y multa de RD$3 millones. Mientras que Blas Peralta, presidente de la Coalición Doméstico de Transporte Terreno, fue condenado a seis meses de prisión correccional; Pérez, a seis meses de prisión correccional domiciliaria, y el ex director de la Oficina Técnica de Transporte, Padre Toño, a dos meses de prisión. El sindicalista Méndez, a seis meses de prisión correccional en su domicilio; Cambita, a seis meses de prisión domiciliaria.

estas irritable

Al igual que los demás casos del pasado y el presente, los condenados por el expediente del Plan Renove se salieron con la suya, puesto que fueron indultados por el entonces presidente Fernández, en diciembre el 2008. Estos fueron el hoy senador oficialista Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán, Gervasio de la Rosa y Pedro Franco Badía, éste postrero en prisión domiciliaria por razones de lozanía.