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WASHINGTON 4 Oct.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sentenciado que el Gobierno del presidente Donald Trump tiene la potestad de rescindir el status de protección de en torno a de 300.000 venezolanos, lo que permitiría su deportación, un laudo similar al que la Corte Suprema ya emitió en mayo y que avala a la solicitud de la Oficina estadounidense luego de que un tribunal inferior decidiera lo contrario.

«Aunque la situación procesal del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos en universal no lo han hecho. El mismo resultado que alcanzamos en mayo es apropiado aquí», indica la sentencia emitida por el Supremo.

Por su parte, la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha lamentado la osadía de la Imparcialidad estadounidense y ha instado a Washington a «revisar» su política migratoria de guisa que los venezolanos que «se vieron forzados a marcharse» a EEUU puedan permanecer en el país de guisa lícito.

«Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela reiteramos la solicitud de que el Gobierno de Estados Unidos revise, en tiempo perentorio, su política migratoria en auxilio de los venezolanos y garantice alternativas que permitan la permanencia lícito de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas: hombres y mujeres honestos y trabajadores, que han hecho de ese país su nuevo hogar y que hoy contribuyen, con su esfuerzo y formación, al progreso de esa nación», ha expresado la formación en una breve publicación en la red social X.

A este respecto, el Unidad de Seguridad Franquista (DHS) de EEUU ha incidido en que, como su propio nombre indica, el Status de Protección Temporal «siempre se supuso que sería solo eso, temporal», y ha señalado que las reformas acometidas por Trump en materia de migración –remotamente de atender a las demandas de la población venezolana– buscan «restaurar» el sistema migratorio estadounidense «para que efectivamente beneficie a sus ciudadanos».

«Las administraciones anteriores abusaron, explotaron y deformaron el TPS hasta convertirlo en un software de perdón de facto. Ahora que la ley y el pueblo estadounidense están de nuestro costado, la secretaria Noem seguirá utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para priorizar la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses», se lee en un comunicado emitido este mismo viernes por el DHS.

A comienzos de este año, la secretaria de Seguridad Franquista, Kristi Noem, decidió poner fin al Status de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) otorgado a los migrantes venezolanos en EEUU, ayer del plazo estipulado por su antecesor en el cargo, Alejandro Mayorkas, durante el mandato de Joe Biden.

A finales de marzo, un enjuiciador federal frenó las intenciones de la Oficina Trump. Pocos meses luego, en mayo, la Corte Suprema avaló la osadía Kristi Noem, lo que abrió la puerta a inminentes expulsiones.

El enjuiciador federal del distrito del ártico de California Edward Chen –quien fue el primero en pronunciarse en contra– volvió a emitir a finales de agosto un laudo, definitivo en este caso, que cuestionaba la revocación del TPS. Siguiendo el mismo camino que en la aludido ocasión, Noem recurrió al Tribunal Supremo, que de nuevo ha legado la razón al Gobierno estadounidense.

Tres magistrados liberales del tribunal han rechazado la sentencia y la jueza Ketanji Brown Jackson –que ha disentido– ha sostenido que este es «otro molesto extralimitación de (nuestro) expediente de emergencia» y ha denunciado que se permita al Gobierno de Trump alterar la «vida de tantas personas como sea posible, lo más rápido posible».

La medida adoptada por Biden en enero facilitaba que los venezolanos pudiesen seguir beneficiándose de una protección específica hasta octubre de 2026, lo que abre la puerta que puedan trabajar de guisa lícito en Estados Unidos y les protege de deportaciones inminentes. Según los planes de Trump, el TPS debía poseer terminado ya para Venezuela el pasado 7 de abril.

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