El presidente de la República Dominicana, Luis Abinaderanunció este lunes que Estados Unidos, en su final crónica pulido por el Unidad de Estadosubió al segundo nivel la categoría del país caribeño en la lucha contra la tráfico de personas, que reconoce los “esfuerzos importantes” contra ese delito.
Este examen llega, según Abinader, gracias “al trabajo y la fuerza que ha tenido la coordinación entre los dos países en el final año” en la lucha contra dicho delito.
Según el Unidad de Estado de los EE.UU. existen tres niveles de clasificación para los países respecto a la lucha contra la tráfico de personas, en el primer nivel están “países cuyos Gobiernos cumplen plenamente los estándares mínimos de la Ley de Protección a las Víctimas de la Comercio de Personas (TVPA, por las siglas en inglés de dicha ley estadounidense) para la exterminio de la tráfico».
En el nivel dos, que ahora obtiene la República Dominicana, albarca países cuyos gobiernos “no cumplen plenamente los estándares mínimos de la TVPA”, pero que “están realizando esfuerzos importantes para conquistar el cumplimiento de dichos estándares».
En el nivel tres están los países cuyos gobiernos ni “cumplen los estándares mínimos” ni “están haciendo esfuerzos significativos para hacerlo». En las normas mínimas de la TVPA se establece que los Ejecutivos de cada país “deben prohibir las formas graves de tráfico de personas y castigar los actos de dicha tráfico”, así como “prescribir un castigo proporcional al que se aplica a los delitos graves” en el caso de que se cometa “a sabiendas de cualquier acto de tráfico de personas con fines sexuales que implique fuerza, fraude, coerción».
La ley igualmente ordena penar cuando “la víctima de la tráfico con fines sexuales sea un impulsivo incapaz de dar un consentimiento significativo” o en los casos en los que este delito “incluya violación o secuestro o se cause una homicidio».
Por otra parte, el Unidad de Estado indica que si se comete “cualquier acto que constituya una forma agonizante de tráfico de personas, el Gobierno del país deberá prescribir un castigo que sea suficientemente severo para disuadir y que se refleje adecuadamente la naturaleza atroz del delito».
Para cumplir con estos estándares mínimos, “el Gobierno del país debe realizar esfuerzos serios y sostenidos para eliminar las formas graves de tráfico de personas».






