El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado al Tribunal Supremo que avale la retirada del Status de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) del que gozan actualmente unos 350.000 migrantes venezolanos, lo que facilitaría su potencial deportación.

La protección deriva de la etapa de Joe Biden en la Casa Blanca y la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, ordenó en febrero su anulación. Sin secuestro, un magistrado federal frenó a finales de marzo los planes de la Empresa de Donald Trump, que ha terminado por invocar al Supremo.

PRESENCIA PUEDE SER CONTRARIA A INTERESES NACIONALES

El Gobierno alega en su solicitud que, mientras el juicio contencioso siga en vigor, las autoridades se ven obligadas a «permitir» que «cientos de miles de venezolanos» sigan en Estados Unidos sin tener en cuenta que puede ser «contrario a los intereses nacionales», informa la dependencia CBS News. Así, acusa al magistrado de «arrebatar el control de la política migratoria al poder ejecutante» para imponer «su propia percepción».

La medida adoptada por Biden en enero facilitaba que los venezolanos pudiesen seguir beneficiándose de una protección específica hasta octubre de 2026, lo que abre la puerta que puedan trabajar de modo procesal en Estados Unidos y les protege de deportaciones inminentes. Según los planes de Trump, el TPS debía acontecer terminado ya para Venezuela el pasado 7 de abril.

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