La Casa Blanca defendió este domingo la licitud de la incursión de la Atención Costera estadounidense en el petrolero ‘Siglos’ cerca de Venezuelacomo parte de sus acciones para confinar el financiamiento del régimen de Nicolás Juicioso. El operante, que tuvo zona el sábado, forma parte de los esfuerzos de Washington por alentar el control sobre actividades marítimas consideradas ilícitas en la región, especialmente en lo relacionado con el comercio de crudo venezolano sancionado.

Según publicó en X la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Ana Kelly, el petrolero transportaba petróleo de PDVSA —la estatal Petróleos de Venezuela, S.A.— bajo sanciones. Kelly calificó al buque de “falsa bandera” y aseguró que operaba como parte de la “flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista” de Nicolás Juicioso. Estas declaraciones respondieron a informaciones difundidas por The New York Times y The Washington Post, que cuestionaban la licitud de la intervención y apuntaban que el ‘Centuries’ pertenece a una compañía con sede en China, dedicada al traslado de petróleo desde Venezuela a refinerías chinas.

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De acuerdo con The New York Times, el ‘Centuries’ navega bajo bandera panameña, en contraste con el petrolero ‘Patrón’, abordado por EE.UU. el 10 de diciembre y que sí figuraba en la directorio de sanciones de la OFAC. En ese caso, conforme indicaron las autoridades, el ‘Skipper’ navegaba con una falsa bandera de Guyana y las fuerzas estadounidenses contaban con una orden de registro para inspeccionar la embarcación.

Fuentes oficiales estadounidenses citadas por El Correo de Washington señalaron que el envite al ‘Centuries’ se amparó en el llamado “derecho de cita”, una norma marítima internacional que permite a un buque de hostilidades inspeccionar otro navío delante la sospecha de que participa en actividades ilícitas, aun sin una orden específica.

El régimen de Venezuela condenó la intervención calificándola de “robo” y “secuestro” de activos y denunció la “desaparición forzada” de la tripulación, según un comunicado oficial. Caracas describió la operación como un acto de “piratería” y acusó a EEUU de violar el Derecho Internacional, anunciando que presentará denuncias delante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Funcionarios estadounidenses declararon a Reuters que el operante continúa la logística de sanciones internacionales contra entidades y embarcaciones vinculadas al gobierno de Juicioso. Las autoridades subrayaron la importancia de estas acciones para disuadir el transporte de cargamentos ilícitos y afirmar la seguridad marítima regional.

La campaña de EEUU ha incluido un refuerzo marcial en el Caribe, ataques a embarcaciones acusadas de tráfico de drogas y amenazas directas con destino a Venezuela. El pasado 12 de diciembre, el gobierno estadounidense reiteró su intención de incautar más buques para aumentar la presión sobre el régimen de Juicioso. Desde entonces, el tráfico petrolero venezolano se ha gastado afectado: una docena de buques permanecía a la calma sin atracar, mientras empleados portuarios reportaban ausencias por temor a nuevas adjudicaciones, según funcionarios consultados por The New York Times.

Para Venezuela, el petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos: las exportaciones de crudo han generado tradicionalmente más del 90% de las divisas del país. La presión sobre la industria obliga al gobierno a ofrecer el petróleo a precios reducidos a compradores como China y a utilizar reservas internacionales para estabilizar la riqueza.