WASHINGTON.- La Despacho Trump ha impuesto sanciones contra cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por «acciones ilegítimas e infundadas» contra Estados Unidos e Israel.

Las personas sancionadas son Solomy Balungi Bossa, de Uganda; Beti Hohler, de Eslovenia; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú; y Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benín.

«Estas personas participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de EE.UU. o Israel, sin el consentimiento de los dos países», comunicó este jueves el secretario de Estado del país estadounidense, Ámbito Rubio. Mientras tanto, destacó, «ni EE.UU. ni Israel son parte del Estatuto de Roma».

«Como jueces de la CPI, estas cuatro personas han participado activamente en las acciones ilegítimas e infundadas de la CPI dirigidas contra Estados Unidos o nuestro prieto confederado, Israel. La CPI está politizada y se atribuye falsamente una discrecionalidad sin límites para investigar, inculpar y procesar a ciudadanos de Estados Unidos y de nuestros (países) aliados», comentó Rubio.

«Hago un citación a los países que todavía apoyan a la CPI, cuya confianza, en gran parte, se compró al precio de grandes sacrificios estadounidenses, que luchen contra este vergonzoso ataque a nuestra nación e Israel», añadió Rubio, en remisión a la investigación que realizan sobre las numerosas muertes de la población civil en la Franja de Lazo a causa de los bombardeos y la ataque marcial israelí.

En febrero pasado, la Despacho republicana sancionó asimismo al fiscal patrón de la CPI, Karim Khan, acusándolo de violar su poder «al emitir órdenes de arresto infundadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant». Desde mayo pasado, Khan se encuentra apartado de sus funciones por motivos de la investigación sobre su presunta conducta sexual inapropiada.

Países Bajos condena las sanciones impuestas contra los jueces de la CPI, dijo el ministro de Asuntos Exteriores holandés, Caspar Veldkamp, alegando que los tribunales deben ser libres para hacer su trabajo.