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Poco mencionados pero muy relevantes, los inspectores de trabajo son los servidores públicos encargados de avalar por el cumplimiento de la código gremial en la República Dominicana: fiscalizan las empresas a través de visitas espontáneas y velan por la protección de los derechos de los trabajadores.
A medida que el país se ha desarrollado y el tejido empresarial ha crecidoel personal que realiza este trabajo ha ido escaseando, lo que limita la capacidad de supervisar y dar seguimiento caso por caso.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortegalo reconoce y estima cuántas personas necesitan ser reclutadas para prestar un servicio más ágil que ahora. “Efectivamente, necesitamos 375 inspectores”, manifestó. En la presente, solo hay 194 personas que desempeñan esta tarea, algunos de ellos activos desde la aprobación del Código de Trabajo, en el 1992.
Según explicó el incumbente durante una visitante a Diario Dispensadola cantidad de inspectores de trabajo que efectivamente ofrecen el servicio es muchísimo pequeño por varias razones:
- El 67 % tiene más de 60 abriles
- El 20 % está en proceso de lograr su pensión
- El 15 % está de receso por pasado
- El 66 % tiene alguna condición de vigor
- El 40 % reside en lugares distantes y con movilidad limitada para trasladarse a otras demarcaciones.
Esto, tomando en cuenta que la diligencia de Olivares asimismo ha desvinculado a algunos inspectores tras hacer un pronunciamiento que buscaba corregir malas prácticas.
“Solo el 16 % presta servicios de inspección a nivel doméstico auténtico. Estamos hablando de que solo unos 50 inspectores trabajan en todo el país”, aseveró.
El ideal
Aunque el Servicio de Trabajo aspira a la contratación de un imperceptible de 375 inspectores para suplir la presente escasez, un estudio realizado por la Ordenamiento Mundial del Trabajo (OIT) en el país determinó que lo ideal sería que el Estado cuente con un inspector gremial por cada 10,000 trabajadores.
“Tomando en cuenta los parámetros, necesitaríamos calar a 375 inspectores como imperceptible, pero eso tendría una cobertura de 0.69 trabajadores por cada 10,000 ocupados. Menos de uno”, observó.
El proceso
Olivares Ortega aseguró que la institución ha estado coordinando con el ministro de Hacienda para conseguir los medios que se necesitarían para aumentar la matrícula de inspectores.
Al ser un oficio rotativo entre varias demarcaciones– no necesariamente cercanas–, sin viáticos y sin transporte para poder movilizarse, asimismo existe la intención de aumentar el salario de los que permanecen trabajando. Abogados de profesión, los inspectores laborales devengan un promedio de 70,000 pesos.
El presupuesto adicional –cuyas cifras aún están bajo investigación– asimismo se utilizaría para una reestructuración de la tarea de inspectoría a nivel doméstico. Olivares detalló que se prevé la conformación de cinco grandes regionalesque asumirían la dirección internamente de su zona, coordinando el trabajo de las oficinas municipales.
Asimismo, se procurará que la rotación sea internamente de la misma región –y no en cualquier demarcación como en la presente–, lo que facilitaría el seguimiento y la supervisión a las labores de las empresas. “El propósito es que, en cada provincia, podamos colocar un inspector nativo”, enfatizó.
La contratación
El funcionario precisó que la institución acaba de nombrar por pacto a tres inspectores de trabajoy que cuentan con la autorización del Servicio de Compañía Pública (MAP) para contratar a otros 20 inspectores –tanto de forma directa como por concursos– en tanto la institución cuente con los medios para hacerlo.
Aunque la Asociación de Inspectores de Trabajo de la República Dominicana (Asitraredo) alegó que el Servicio de Trabajo estaría incurriendo en una violación al Convenio 81 de la Ordenamiento Internacional de Trabajo (OIT) por la contratación de inspectores a través de concursos directos, este herramienta no impone un mecanismo específico de sustitución.
La contratación, según señala el organismo en su artículo 7 “debe probar solamente en las aptitudes del candidato”, siendo la autoridad competente la que define cómo comprobarlas. “Cada país organiza su sistema de inspección conforme a su código administrativa”, señaló Olivares Ortega al respecto.
Asimismo, el incumbente puntualizó que la Ley 41-08 de Función Pública reconoce los cargos temporales o transitorios, la contratación de personal directo y cargos fuera de la carrera administrativa como igual de válidos a la contratación mediante concursos públicos.
El ministro de Trabajo aseguró que el principal desafío que asumirá su diligencia es el de tomar acciones que contribuyan a seguir reduciendo la tasa de informalidad –que cerró en 54.1 % en el 2025, según el Parcialidad Central– para llevarla a un imperceptible de 50 % para los próximos tres abriles.
Para ello se están enfocando en incentivar la formalización de sectores como las trabajadoras domésticas –con el inspección de un salario de 13,000 pesos como imperceptible, de acuerdo al Comité Doméstico de Salarios–, y la meta de formalizar a 100,000 trabajadoras de bancas de loterías en los próximos meses.
Otro sector secreto es el de la construcción, en el que los niveles de formalidad escasamente rondan el 8 %.
