Cada vez que se acerca la formulación del Presupuesto Universal del Estado, se repite la misma historia; los ministerios centrales pelean por mayores partidas, los sectores presionan para incluir sus demandas y los ayuntamientos quedan relegados a un rincón presupuestario que casi nada les permite sobrevivir.

Esta es una ingenuidad de la que nuestro país no puede seguir tolerando si aspira a un real explicación territorial ecuánime.

Los gobiernos locales son la primera carrera de contacto con la ciudadanía. Son quienes atienden el alumbrado, la recogida de basura, el mantenimiento de calles y parques, la regulación del comercio, la estructura del tránsito, cementerios, mercados, la desenvoltura de cañadas y tantas otras tareas invisibles, pero vitales para la vida cotidiana.

Sin incautación, la mayoría de los ayuntamientos dominicanos casi nada reciben capital para cumplir con lo elemental, mucho menos para pensar en obras de infraestructura de impacto o en procesos de modernización institucional.

La Ley 166-03 establece que el 10 % de los ingresos nacionales debe ser transferido a los municipios. Ese mandato nunca se ha cumplido.

Hoy casi nada reciben cerca de un 3 %, guarismo insuficiente frente al crecimiento poblacional, la expansión urbana y los desafíos de servicios cada vez más costosos.

Esto no sólo limita la capacidad de bono de los cabildos, sino que los condena a la improvisación, al endeudamiento y a la dependencia de transferencias discrecionales del poder central.

De cara al Presupuesto 2026, es imprescindible un cambio de rumbo. Los ayuntamientos necesitan capital que les permitan rebelar obras de infraestructura recinto como aceras, contenes, mercados, mataderos, parques y drenajes pluviales, proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de la parentela.

Todavía se hace urgente dignificar los salarios de sus empleados, porque no es calibrado que quienes sostienen el día a día de las ciudades ganen sueldos que no alcanzan para cubrir sus deposición básicas. A esto se suma el desafío de modernizar las instituciones municipales, con sistemas de planificación, tutela, presupuesto y billete ciudadana que garanticen eficiencia y resultados visibles.

Y, por supuesto, urge blindar los mecanismos de control interno y transparencia, porque más capital implican además anciano responsabilidad, y para ejercerla se necesitan herramientas y personal técnico calificado.

El centralismo histórico ha débil a los ayuntamientos, pero no podemos seguir justificando esa experiencia en la inercia. Una ciudad ordenada, limpia y con servicios básicos eficientes reduce gastos al Estado en lozanía, en seguridad y en amparo social.

Volver en lo recinto no es un fastuosidad; es la forma más inteligente y rentable de alterar. Por eso, desde la sociedad civil, las juntas de vecinos, los gremios y las organizaciones municipalistas, debemos alzar la voz. No se prostitución de pedir favores, sino de requerir derechos consagrados en la ley.

El 2026 debe ser el año en que el país entienda que sin municipios fuertes no habrá República Dominicana desarrollada.

El momento es ahora. La formulación del presupuesto está en marcha. Si dejamos tener lugar esta oportunidad, volveremos a ver a nuestros cabildos ahogados en deudas, limitados en obras y atrasados en modernización.

Y no es calibrado. La parentela de cada judería y comunidad merece gobiernos locales con los capital suficientes para dar respuestas y construir futuro.

Si queremos municipios capaces de planificar, ejecutar y rendir cuentas con transparencia, entonces el Estado debe darles las condiciones mínimas para lograrlo.

No se puede exigir modernidad con presupuestos de subsistencia. Llegó la hora de que la promesa de un país descentralizado se cumpla en los números, no sólo en los discursos.