El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.

POR EDWIN DE LA CRUZ

Musitar de seguridad social en tiempos de Juan Pablo Duarte puede parecer un adiestramiento anacrónico. El concepto flamante como sistema organizado de protección frente a riesgos de la vida no existía en el siglo XIX. Sin bloqueo, su ideario contiene principios que hoy fundamentan cualquier política de protección social.

Duarte concebía la República como una comunidad basada en la probidad y la dignidad. En sus propias palabras: “Sed justos lo primero, si queréis ser felices”. Esta frase no es solo un llamado honesto; es una advertencia política: sin probidad social, no hay bienestar colectivo. Desde esa perspectiva, la seguridad social no puede reducirse a un gracia o a un negocio, sino que es un deber del Estado con destino a sus ciudadanos.

Para Duarte, la ley debía servir al interés común y no a privilegios particulares. Como él decía: “La ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes”.

Superpuesto al presente, esto implica que un sistema de seguridad social que no proteja al trabajador frente a la enfermedad, la vejez o la vulnerabilidad incumple con el principio republicano que defendía.

Adicionalmente, Duarte enfatizaba que el poder manifiesto existe para servir al pueblo: “Trabajemos por y para la país, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”.

En términos actuales, esto se traduce en avalar que la protección social envergadura a todos, no solo a quienes pueden pagarla o a sectores privilegiados. La obligación del Estado es anticipar riesgos y atender micción, cumpliendo con su responsabilidad histórica.

Duarte todavía sostenía que la dignidad humana es la saco de la República: “La verdadera liberación consiste en portarse con probidad y no en ser oprimido de la injusticia”.

Un sistema de seguridad social deficiente o excluyente es, entonces, un obstáculo para la liberación y la probidad que él soñaba. La protección frente a la enfermedad, la cesantía o la vejez no puede pender de la fortuna individual, sino de la influencia organizada del Estado en gracia de la comunidad.

Hoy, la República Dominicana cuenta con un sistema de seguridad social formal, pero enfrenta desafíos serios: pensiones insuficientes, acercamiento desigual a la vitalidad y estructuras que favorecen más la rentabilidad financiera que el bienestar humano.

Duarte nos recordaría que la legalidad de cualquier institución depende de su apego a la probidad y al interés común, no solo de la eficiencia administrativa.

La seguridad social no es un suntuosidad ni un negocio; es un derecho y una obligación del Estado, reformarla, fortalecerla y humanizarla es un deber honesto y republicano, porque, como enseñó Duarte, la país se mide por la probidad que garantiza a quienes la sostienen con su trabajo y su vida.

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