Por Israel Figueroa.- En el poco tiempo que lleva como corregidor de La Romana, Eduardo Kery Metivier, ya enfrenta una peligroso denuncia por corrupción administrativa,  formalizada en presencia de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por los regidores Ulises Aquino Franco del mismo partido del corregidor, el Partido Revolucionario Actual (PRM), y la profesora Luz Johanna Batista Solimán, regidora del Partido Reformista Social Cristiano.

A través de la denuncia recibida por la Pepca el pasado 3 de abril, se denuncia que hay más de 16 brigadas de precisión contratadas por el corregidor para realizar operativos en diferentes puntos de la ciudad y en los cementerios municipales, no obstante, el trabajo de estas presuntas brigadas no puede ser sustentada por las autoridades municipales ya que muchas de ellas no existieron.

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“Pudimos revisar cuando recogimos la información de 15 brigadas que ascendían a un monto de unos RD$3 millones mensuales con distintos montos cada una de ellas. Nosotros hicimos verificaciones, íbamos a los lugares y nunca nos topamos con un solo personal de las dichosas brigadas” dijo el regidor Ulises Aquino.

Para Aquino es inexplicable que si el Cabildo tiene una paga y personal que se dedica a barrer los contenes y a este tipo de limpiezas, no entiende porqué se utilizaba estas brigadas.

“Y lo que más nos cuestionó, o sea, lo que más nos llamó la atención era por qué no se llevaban al concejo, porque si las mismas no cumplen con lo que establece la Ley de compras y contrataciones, entonces por qué usted no la llevaba al concejo” sostuvo.

Los contratos  sin constancia de la actividad que supuestamente hacían los fines de semana y de incertidumbre, fueron realizados y firmados luego de deber pasado el periodo indicado para ejecutar el supuesto servicio de recogida de desechos sólidos, inclusive algunos se hicieron el mismo día que se elaboraron los cheques.

Según esta denuncia los cheques eran entregados a Ramón Henríquez, del sección de servicios municipales y a Inocencio Santana, secretario Genérico de Cabildo.

Los regidores sustentaron su denuncia luego de una actividad de investigación, en donde llamaron a varios de los nombres que están en los contratos que poseen.

En la entrega de esta semana del software N Investiga se presentó un audio donde se cómo era el modus operandi de ese suscripción, y el cobro inmediato cerca de detrás.

Por ejemplo, el resolución firmado por Juana Isabel Jiménez dura un mes desde julio del 2024 hasta el mes de agosto del 2024 por RD$ 127,000, que fueron pagados inmediatamente a posteriori que terminó el servicio el 15 de julio de 2024.

En el software asimismo se presentó el resolución número 101-2024 firmado por el corregidor, donde establece “que se ha convenido y pactado primero que el señor Carlos Jairo Beras tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de la batallones de recogida de desechos sólidos en el centro de la ciudad de la tanda nocturna y los domingos, que se efectuarán oportunamente. Las partes acuerdan que dicho operante durarán dos meses, iniciando el 20 de agosto hasta el 20 de octubre y el precio convenido es de RD$200 mil y se agrega en el párrafo botellín de que estas brigadas utilizarán el combustible del Cabildo y los equipos de la institución”.

El corregidor, en conversación con el software N Investiga, admitió que el suscripción se hacía a través de terceros, por la informalidad de los trabajadores resultado de la descuido de personal dominicano arreglado.

De acuerdo a su explicación, el resolución, está a nombre de una persona y esa persona se encarga a hacer el trabajo de pagarles a ellos, trámite que a su litigio está documentado.

Es vergonzoso percibir estos contratos porque no se especifican ni el división ni los horarios donde se va a elogiar el servicio ni la cantidad de personas que deben ser contratadas,  siquiera hay un RNC, ni un registro de proveedor del Estado de los contratantes que es un requisito indispensable para poder contratar con el Estado.

Adicionalmente del sistema de suscripción en efectivo, hay otros utensilios que dan división a cuestionamientos sobre la transparencia y la legitimidad: la contratación de indocumentados a través de intermediarios sin someterlo al concejo de regidores y a la Ley de Compras y Contrataciones y la descuido de precisión en los contratos sobre las condiciones.

Adicionalmente del sistema de suscripción en efectivo, hay otros utensilios que dan división a cuestionamientos sobre la transparencia y la legitimidad: la contratación de indocumentados a través de intermediarios sin someterlo al concejo de regidores y a la Ley de Compras y Contrataciones y la descuido de precisión en los contratos sobre las condiciones.

Hay diferentes montos de estas brigadas. El resolución firmado por Félix María de la Cruz fue de RD$ 225,000 por dos meses.  Otro resolución de Víctor Manuel Eduardo Luis por un mes por RD$158,000, uno de Ferdinand Andrice por un mes por un monto de RD$144,547,  el de Jesús Mercedes por un mes RD$289,000, Raúl Guzmán Carrasco por un resolución por un mes por 160,209.50 pesos, el de Luis Elpidio Rosario por un mes por RD$160,209. 50.

Elalcalde asimismo explicó que hace esfuerzos por contratar un personal dominicano y documentado, sin incautación es todo un desafío al punto de que donde se reclutamiento el personal es en las aledaños del taller de la Alcaldía y vociferar si alguno está interesado, ya que a través de convocatorias en las redes sociales no concitan ninguna atención.

Otros cuestionamientos

Pero el ruido en el Cabildo de La Romana no solo se limita a las brigadas fantasmas, sino asimismo a licitaciones adjudicadas a empresas vinculadas a familiares y empleados, como la adquisición de artículos ferreteros por RD$445,050, el 19 de julio de 2024, a la empresa Extraquímica SRL, propiedad de Andy Jiménez González, sobrino político del corregidor, lo que trató de disminuir alegando el monto de la contratación.

Incluso se adjudicó un resolución de 424,800 pesos por “servicio de refrigerio para empleados”, en diciembre de 2024, a Pichardo & Canela Kitchen Limited SRL, cuyo propietario es Andrés Manuel Pichardo Canela, hijo de Carlos Juan Pichardo, encargado de Espacios Públicos del Área de Planeamiento Urbano, lo que el corregidor trató de testimoniar, en cojín a la categoría del empleado, a que no es su deudo y a que supuestamente fue la mejor proposición.

La ley 340-06 es clara al establecer en su  Artículo 14 que no podrán participar en procedimientos de contratación: “personas físicas o jurídicas cuyos propietarios, socios o accionistas, administradores o representantes sean cónyuges, convivientes, o parientes hasta el cuarto jerarquía de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios”.

Es sostener, un hijo, sobrino, cuñado o sobrino político de un funcionario no puede ser adjudicatario. Adicionalmente, la constitución de la República, en su artículo 146, prohíbe el favor y el uso de influencias para auxiliar familiares con medios públicos, por lo que podrían ser sancionados con el impedimento de optar por cargos públicos por diez primaveras.

Adicionalmente se suma otra irregularidad en esta última concurso de la comida, aunque la adjudicación fue hecha en diciembre, la empresa no estaba registrada como suplidora del Estado sino hasta el 28 de enero de 2025, y el reseña de adjudicación fue subida al portal manifiesto dos días a posteriori, el 30 de enero.

La Romana con alcaldías cuestionadas

Se recuerda que Tony Adames, fue corregidor de La Romana y que fuera condenado el 2018 a dos primaveras de prisión y el suscripción de una indemnización de 4 millones de pesos al imaginero Luis Castillo por incumplimiento de suscripción de obras artísticas realizadas en el parque central de la ciudad.

Adicionalmente de esa condena Adames enfrentaba otro proceso sumarial por supuesto desfalco de más de RD$200 millones durante su trámite municipal entre el 2010 al 2016.

El Pepca lo acusó de falsificación de documentos prevaricación y asociación de malhechores y a pesar de estos informes Adames fue reelegido al corregidor del 2020 por el partido reformista social cristiano lo que generó mucha controversia sobre la idoneidad de su candidatura,  de hecho fue arrestado el 16 de marzo de 2023 mientras ejercía el cargo en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Imparcialidad , luego fue puesto soltura provisional por el tribunal de ejecución de la pena de San Pedro de Macorís.