El Sexto Curia de la Instrucción del Distrito Doméstico dictó coche de comprensión a sumario en contra de un hombre y una mujer que habrían cometido estafa por más de 124 millones de pesos en contra de 192 personas.

Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero son vinculados a delitos de asociación de malhechores, estafa agravada, así como de violación a la Ley del Mercado de Títulos y lavado de activos, según una nota de prensa de la Procuraduría.

El expediente detalla que los acusados conformaron una estructura destinada a discernir fondos del notorio mediante falsas ofertas de inversión rentable y segura, utilizando como apariencia la sociedad comercial Pipschasers Hacienda, S.R.L. Bajo esta representación fraudulenta, se presentaban como corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión y lograron obtener más de RD$124,575,700.00.

Tras valorar los utensilios probatorios aportados por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Doméstico de Investigación de Delitos Financieros, yuxtapuesto a la fiscalizadora de ese entraña Margaret Cabrera Morillo, la jueza Yanibet Rivas, presidenta del tribunal, adoptó la valor de expedir a sumario a los procesados.

El escrito de reproche del Ocupación Sabido evidencia que, como parte del esquema, los contratos suscritos con los afectados omitían información clara sobre el destino de los fondos captados.

Asimismo, se identificó un patrón de transferencias entre cuentas bancarias a nombre de los acusados o bajo su control, orientado a dificultar la trazabilidad de los medios que habrían sido desviados a fines personales.

El Ocupación Sabido sostiene que los hechos atribuidos constituyen asociación de malhechores, estafa agravada, injusticia de confianza, realización de actividades propias del mercado de títulos sin autorización y lavado de activos, delitos que serán ventilados en sumario.

El entraña persecutor reafirmó su compromiso con la persecución de los delitos financieros y el fortalecimiento del sistema de neutralidad, en cumplimiento de su mandato constitucional.