EL AUTOR es economista y contador. Reside en Santo Domingo.

POR RAFAEL RAMÍREZ MEDINA

Cuando los órganos de control no actúan oportunamente, colocan a la máxima autoridad del Estado en una posición de vulnerabilidad política e institucional, asumiendo el presidente de la Republica costos políticos por fallas que debieron ser prevenidas.

El caso de corrupción que ha sacudido a SENASA no puede seguir analizándose de guisa pequeña, limitada a los autores materiales del fraude. Cuando un hecho de esta magnitud ocurre adentro de una institución pública, el problema trasciende a los individuos involucrados. Lo verdaderamente importante es que un entramado completo de controles, supervisión y fiscalización falló o decidió no representar. Mientras el debate manifiesto se concentre solo en los ejecutores, el sistema que permitió el fraude permanecerá limpio. Y eso garantiza su repetición.

La corrupción no prospera en el infructifero. Se alimenta de debilidades estructurales, de controles formales que existen solo en papel y de organismos que, por acto u omisión, no cumplen su rol. El Estado dominicano cuenta con múltiples instancias creadas precisamente para alertar estos hechos. Si ninguna dio la alerta a tiempo, la pregunta correcta no es solo quién robó, sino quién no vigiló. Ignorar esa parte del problema es aceptar la impunidad sistémica.

La Contraloría Militar de la República, como víscera de control interno, tiene la obligación de fiscalizar la rectitud del consumición manifiesto. Su función incluye confirmar contratos, facturas, certificaciones de recibo de fortuna y servicios y cumplimiento de los procedimientos administrativos. Un esquema fraudulento sostenido en el tiempo implica fallas graves en el control previo y concurrente. Si los expedientes pasaron sin reparo, el sistema de control interno fue ineficaz o complaciente.

La Dirección Militar de Compras y Contrataciones Públicas siquiera puede salir al ganancia del observación. Procesos repetitivos, proveedores recurrentes, montos fraccionados o licitaciones dirigidas son señales clásicas de peligro. Cuando estas prácticas no generan observaciones ni auditorías especiales, el sistema pierde su función preventiva. La transparencia no se mide por difundir procesos, sino por detectar y corregir desviaciones. Callar en presencia de patrones irregulares además es una forma de estropearse.

La Gerencia Franquista, responsable de ejecutar los pagos del Estado, actúa como un punto crítico de control. Aunque no audita, sí valida que los pagos estén debidamente autorizados y respaldados. Desembolsos reiterados sin alertas, pese a inconsistencias en los expedientes, reflejan una error en los controles operativos. Ningún fraude de gran escalera se materializa sin que el caudal fluya. Y cuando fluye sin cuestionamientos, el sistema se vuelve cómplice pasivo.

El Tarea de Hacienda y la Dirección Militar de Presupuesto debieron monitorear la ejecución presupuestaria de SENASA. Incrementos atípicos en determinadas partidas, desviaciones recurrentes o usos incompatibles con la naturaleza del consumición calificado debieron encender alarmas. El presupuesto es un aparato de control, no una formalidad administrativa. Cuando la ejecución se aparta sistemáticamente de lo admitido y nadie actúa, el control presupuestario pierde credibilidad.

En el ámbito específico de la seguridad social, la SISALRIL y el Consejo Franquista de la Seguridad Social (CNSS) tienen un rol ineludible. Ambas entidades supervisan, regulan y velan por el buen funcionamiento del sistema. Un fraude de esta magnitud adentro de SENASA plantea serias dudas sobre la efectividad de esa supervisión. La regulación no puede sujetarse a informes periódicos. Debe detectar riesgos, evaluar controles y representar preventivamente.

Incluso el sistema financiero debe ser parte de la consejo. Los bancos, bajo las normas de prevención de lavado de activos, están obligados a identificar operaciones inusuales y perfiles transaccionales atípicos. Movimientos elevados, concentraciones de fondos o transacciones incompatibles con la capacidad económica de los involucrados debieron originar alertas. No se alcahuetería de demostrar, sino de ojear que la prevención del fraude además pasa por la debida diligencia bancaria.

Este caso evidencia que la corrupción no es solo un problema de pudoroso individual, sino de sistemas de control vulnerables. Cuando cada institución se limita a asegurar “no era mi competencia”, el resultado es un infructifero de responsabilidad colectiva. La fragmentación del control beneficia al corrupto. Sin coordinación, sin intercambio de información y sin consecuencias, los organismos de supervisión pierden su razón de ser.

El país necesita hacer un detención y evaluar con seriedad qué tan vulnerables están sus sistemas de control institucional. No puntada con sancionar a los responsables directos. Es imprescindible investigar por qué los controles no funcionaron, quién falló y por qué. Donde hubo negligencia, complacencia o indiferencia, debe acaecer consecuencias. Sin régimen de consecuencias para los órganos de control, la lucha contra la corrupción será solo discursiva.

El caso SENASA debe convertirse en una oportunidad para rehacer y robustecer el sistema de fiscalización del Estado. De lo contrario, será un escándalo más que se suma a la larga inventario de casos olvidados. Mientras no se exija responsabilidad a quienes debieron atender, la corrupción seguirá encontrando contorno fértil. Perseguir al corrupto es necesario, pero corregir el sistema que lo permitió es imprescindible.

Robustecer la fiscalización no es un ataque al gobierno, es una forma de protegerlo y de respaldar el uso correcto de los fortuna públicos.

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