El exministro de Medio Bullicio, Francisco Domínguez Britocondenó la nuevo sentencia del Tribunal Superior Funcionario (TSA) Num. 0030-1643-2025-SSEN-00786, que ordena modificar los límites del Parque Franquista Jaragua, advirtiendo que la intrepidez representa un peligroso peligro para la protección del patrimonio ambiental dominicano.

Domínguez Brito calificó el defecto como una sentencia temeraria que podría validar antiguas pretensiones de apropiación irregular de terrenos adentro áreas protegidas, debilitando la integridad del Sistema Franquista de Áreas Protegidas (SINAP) y generando un precedente que expone ecosistemas estratégicos a presiones económicas y particulares.

En su condición de exministro de Medio Bullicio, recordó que las áreas protegidas han sido creadas mediante leyes sustentadas en estudios científicos y compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicanopor lo que advirtió que permitir que omisiones administrativas o cartográficas prevalezcan sobre estas disposiciones legales constituye una peligrosa distorsión del principio de licitud ambiental y del mandato constitucional de preservar el patrimonio natural.

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Asimismo, el igualmente ex Procurador Común de la República sostuvo que la intrepidez podría incentivar una judicialización masiva del sistema de áreas protegidas, generando incertidumbre jurídica y debilitando décadas de avances en conservación ambientalal tiempo que reiteró que el incremento crematístico y turístico del país debe realizarse bajo criterios de sostenibilidad y respeto al derecho colectivo a un medio hábitat sano.

El ex Senador afirmó que el Estado debe realizar con firmeza frente a cualquier intento de privatización o fragmentación de territorios protegidos, señalando que históricamente han existido maniobras para distorsionar la ingenuidad jurídica de estos espacios con el propósito de asistir intereses particulares.

Finalmente, Francisco Domínguez Brito exhortó a las instancias judiciales a ponderar, en los medios correspondientes, el principio de no regresión ambiental y el interés conocido, al tiempo que reiteró su compromiso con la defensa del patrimonio natural dominicano: “Las áreas protegidas no son negociables; constituyen una responsabilidad constitucional y íntegro que debemos preservar para las generaciones presentes y futuras”, concluyó.