EL AUTOR es presidente del Frente Cívico y Social. Reside en Santo Domingo.

La República Dominicana no puede seguir financiando su vulnerabilidad energética como si fuera una política transitoria. Solo en 2025, el subsidio al sector eléctrico ascendió a RD$105,849.1 millones, una sigla superior al presupuesto conjunto de Obras Públicas, Agricultura y Vivienda. Y a esa carga estructural se añade el repunte del subsidio a los combustibles, que solo para la semana del 14 al 20 de marzo de 2026 obligó al Estado a destinar RD$1,189.8 millones adicionales.

Posteriormente de más de dos décadas de subsidios al sector eléctrico, que según distintas estimaciones han absorbido medios equivalentes a decenas de miles de millones de dólares sin corregir las fallas estructurales del sistema, la República Dominicana sigue sosteniendo un maniquí que ha probado su insostenibilidad.

Que esto ocurra, encima, sin una auditoría integral e independiente desde la concepción hasta la distribución, mientras el Estado continúa asumiendo nuevos subsidios extraordinarios, revela que el problema ya no es nada más de sostenibilidad fiscal: asimismo es de seriedad institucional.

Los subsidios no focalizados, opacos y escasamente auditables crean un circunscripción fértil para la discrecionalidad, la ineficiencia y el aventura de desvío de fondos públicos. Cuando el Estado subsidia sin focalización clara, sin trazabilidad y sin evaluación verificable, termina destinando medios de todos a esquemas que no necesariamente protegen mejor a quienes más lo necesitan.

Por eso, la corrección no debe fundamentarse en desasistir a los sectores vulnerables, sino en sustituir subsidios generalizados por apoyos directos, transparentes y auditables, preservando de modo expresa un subsidio focalizado al GLP doméstico para los hogares de menores ingresos.

Pero el problema no termina ahí

El mundo atraviesa una etapa de desorden e incertidumbre marcada por guerras, rivalidades geopolíticas y tensiones sobre rutas energéticas estratégicas. Para una heredad abierta y dependiente de importaciones como la dominicana, esos choques externos no son parte lejanas: se traducen en inflación, presión fiscal, encarecimiento del transporte y aumento del costo de vida.

Las crisis internacionales rara vez llegan sin aviso. Antiguamente de convertirse en emergencia, suelen anunciarse durante primaveras. En tiempos inciertos, la esperanza sin previsión no es una táctica. La verdadera prudencia consiste en prepararse para lo peor mientras se trabaja por lo mejor. Dirigir, en tiempos difíciles, es anticipar.

Por eso, la República Dominicana necesita poco más que sucursal cotidiana del Estado. Necesita una doctrina doméstico sobria, realista y sostenida, capaz de ordenar prioridades, someter vulnerabilidades y avalar continuidad estratégica más allá de los ciclos políticos. Esa doctrina debería comenzar, al menos, por tres prioridades: seguridad energética, soberanía alimentaria y fortaleza institucional.

La primera es la seguridad energética. Persistir indefinidamente en un esquema de subsidios generalizados sería una temeridad fiscal y estratégica. Un país pasivo no puede darse el riqueza de subsidiar su propia fragilidad. Un país que subsidia el consumo sin corregir las fallas estructurales del sistema no está protegiendo su futuro: está hipotecando su propia estabilidad.

La segunda es la soberanía alimentaria. Cuando sube la energía, no solo se tensionan las cuentas públicas: se encarece el transporte, aumenta el costo de producción y suben los alimentos que llegan a la mesa de las familias dominicanas. Por eso, reforzar la producción doméstico de alimentos no es nada más una política agrícola. Es una política de estabilidad económica y seguridad doméstico.

La tercera es la fortaleza institucional. La República Dominicana ha preservado una estabilidad democrática relativa, pero todavía no puede darse por sentada. Existen reglas y órganos de control en el plano formal; sin bloqueo, persiste con demasiada frecuencia una distancia incómoda entre la norma y su aplicación efectiva.

Cuando esa brecha se amplía, la confianza se resiente, la seguridad jurídica se debilita y la estabilidad deja de ser una fortaleza para convertirse en una vulnerabilidad.

Corregir estas vulnerabilidades no debería ser materia de improvisación ni de cálculo partidario. Debería convertirse en un acuerdo insignificante de Estado sobre lo que la República Dominicana debe proteger primero en un mundo cada vez más caro, más volátil y más incierto.

La pregunta ya no es si el mundo seguirá siendo incierto, sino si la República Dominicana corregirá a tiempo sus vulnerabilidades ayer de que esa incertidumbre la obligue a hacerlo bajo presión. Porque en tiempos de desorden completo, los países que llegan a puerto seguro no son los que improvisan el rumbo, sino los que protegen con claridad aquello que consideran esencial.

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