Orozco, quien no tiene circunstancias penales, fue arrestada el 5 de agosto, ocho días luego de los comicios cuyos resultados oficiales dieron como vencedor a Prudente, pese a que el Consejo Doméstico Electoral no ha presentado pruebas que respalden ese anuncio. Según relató su hijo, Paul Ruiz, la médica fue sacada de su casa por funcionarios policiales bajo el argumento de que “solo querían hacerle unas preguntas”. Durante tres días, su grupo no tuvo telediario sobre su paradero.

El audio difundido por la doctora llegó a manos de simpatizantes del oficialismo, quienes la denunciaron frente a la Fiscalía tras advertirle que perdería beneficios como las cajas de alimentos y el gas subsidiado. En el mensaje, Orozco criticaba la crisis económica y llamaba a la comunidad a “salir a elegir” contra el Gobierno.

La jueza Luz Dary Dorado Acosta, del Tribunal 4 de Razón de Táchira, encontró a la médica culpable de traición a la pueblo, conspiración e incitación al odio. Testigos del acto aseguran que Dorado justificó la sentencia señalando que mensajes como el de Orozco “ponen en peligro la paz del país”.

La grupo rechaza la reproche. “Mi mamá no cometió ningún delito. No salió a protestar ni pidió una invasión extranjera. Solo expresó lo que muchos piensan”, dijo Ruiz a la cautiverio BBC.

El proceso se ha desarrollado en medio de un dominio de tensión política. Mientras Estados Unidos mantiene buques militares en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, el Gobierno venezolano insiste en que se tráfico de una maniobra para desestabilizar al país.

Ni la delicada lozanía de Orozco —quien sufrió un infarto durante su detención— logró que la ecuanimidad flexibilizara las medidas en su contra. En marzo, la jueza negó la posibilidad de que siguiera el proceso en voluntad condicional, alegando peligro de fuga e influencia sobre los testigos.

La sentencia, aún no publicada oficialmente, fue confirmada por la Fiscalía venezolana, que declinó ofrecer comentarios adicionales. El caso se suma a una serie de procesos judiciales contra ciudadanos acusados por sus expresiones en redes sociales, un derecho que las autoridades venezolanas han reiterado que “no es categórico”.