Aunque incomode a ciertos sectores que levantan la frágil excusa de que dialogar del tema “daña al turismo”, es urgente registrar una verdad incómoda: la inmigración haitiana ilegal en República Dominicana no solo avala a la profunda crisis humanitaria y económica que atraviesa Haití, sino asimismo a intereses muy concretos internamente de nuestro propio país.

Detrás de esta migración irregular hay actores locales que no solo la permiten, sino que la fomentan activamente.

Empresarios del turismo, la agricultura y la construcción han sido piezas esencia en este proceso. Han enfrentado en la mano de obra haitiana una fuerza profesional rebosante, baratura y, sobre todo, delicado. Para ellos, se negociación de menos costos, más ganancias.

En campos agrícolas, la cosecha y la cosecha de productos como la caña, el café y otros rubros, dependen en buena medida del trabajo de jornaleros haitianos sin documentación.

En la construcciónes habitual ver cuadrillas completas de trabajadores haitianos levantando edificios sin contratos formales ni llegada a la seguridad social.

En el sector turísticomiles trabajan en labores de inocencia y mantenimiento por salarios de subsistencia.

Esta situación ha generado una dependencia estructural de la heredad dominicana respecto a la inmigración ilegal que, paradójicamente, convive con un discurso oficial que clama por el control de las fronteras y la aplicación estricta de la ley migratoria.

¿Cómo puede el Estado regular eficazmente el flujo migratorio si importantes sectores económicos, con poder político y mediáticoestán interesados en sostener el sistema tal como está?

La respuesta a esta pregunta incomoda, porque expone la hipocresía de una élite que, mientras se rasga las aderezos por la “soberanía franquista” o el “orden migratorio”construye su riqueza sobre la informalidad, la explotación y la desprotección de miles de trabajadores haitianos.