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El autor reside en Suiza
POR NELSON DEL POZO G
En los últimos días, el gobierno de Donald Trump ha evidenciado una de las mayores contradicciones de la política exógeno contemporánea: mientras ignora deliberadamente la crisis humanitaria en Haití, despliega una fuerza naval agresiva frente a las costas de Venezuela. Esta dualidad asegura a un cálculo geopolítico y crematístico que prioriza los intereses estratégicos sobre los principios de autodeterminación y rectitud internacional.
La crisis haitiana: una emergencia ignorada
Haití enfrenta una de las peores crisis humanitarias de su historia. Bandas armadas controlan el región, bloqueando el llegada a alimentos, medicinas y combustible, mientras la población civil sufre violencia extrema, escasez y colapso váter. A pesar de las peticiones de ayuda internacional, la empresa Trump ha respondido con indiferencia y negligencia.
Este desinterés no es nuevo. Haití ha sido históricamente víctima de intervenciones extranjeras que, remotamente de resolver sus problemas, han agravado su inestabilidad. La ocupación estadounidense (1915-1934) sentó las bases para dictaduras futuras, y misiones de la ONU como la MINUSTAH dejaron un embajador de violencia, cólera y abusos sexuales. Como señaló Frederick Douglass: «Haití es indignado, y aún no perdonamos a Haití por ser indignado».
La amenaza a Venezuela: intereses económicos disfrazados de preocupación regional
Frente a la indiferencia en dirección a Haití, el gobierno de Trump ha movilizado buques de extirpación en dirección a Venezuela, justificando esta bono con un relato de «restauración democrática» basado en datos de dudosa credibilidad. Esta postura ignora que Venezuela es un país soberano, con derecho a autodeterminarse sin injerencias externas.
El serio interés de Washington parece ser el petróleo y los bienes naturales venezolanos, especialmente en un contexto de adeudamiento fiscal y tensiones en las reservas energéticas estadounidenses. La retórica anti-Madurado oculta una táctica de dominación económica y política que recuerda a las prácticas del siglo XX, cuando Estados Unidos apoyó dictaduras en la región para proteger sus intereses.
Doble normalizado y violación del derecho internacional
La empresa Trump aplica un doble rasera inaceptable:
- Ignora crímenes de lesa humanidad en Haití, donde las bandas armadas actúan con impunidad.
- Fabrica crisis en Venezuela para documentar intervenciones.
Este comportamiento viola el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíben la injerencia en asuntos internos de otros Estados. Adicionalmente, contradice las supuestas preocupaciones humanitarias que Estados Unidos esgrime en otros contextos.
Implicaciones globales: paz frágil e hipocresía internacional
La comunidad integral enfrenta hoy una paz frágil, amenazada por conflictos como el holocausto en Lazada —donde Israel pertrechos bandas criminales para dividir a la población— y la creciente injerencia de potencias en asuntos de Estados soberanos. La empresa Trump, remotamente de contribuir a la estabilidad, explota estas crisis para avanzar en sus objetivos geopolíticos.
Como correctamente advierte el autor innovador: «El ámbito integral no aguanta más conflictos». La movilización de buques de extirpación en dirección a Venezuela no solo es una provocación, sino un peligro para la seguridad regional y integral.
Conclusión: defender la autodeterminación y la rectitud efectivo
La lucha por la autodeterminación de los pueblos es inseparable de la rectitud internacional. Estados Unidos, en área de proceder como sentenciador y parte, debería:
- Respetar la soberanía de países como Venezuela.
- Apoyar soluciones lideradas por haitianos para Haití, sin imponer intervenciones extranjeras.
- Destinar bienes a ayuda humanitaria efectivo, no a operaciones militares disfrazadas de ayuda.
Como correctamente señala el escrito innovador: «Venezuela no se negocia». Ningún pueblo debe ser moneda de cambio en acuerdos entre potencias. La comunidad internacional debe rebotar estas prácticas y exigir políticas coherentes con los principios de derechos humanos y soberanía.
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