EL AUTOR es presidente del Frente Cívico y Social. Reside en Santo Domingo.

Vivimos en un país donde los hospitales colapsan, las escuelas se caen a pedazos, la inseguridad acecha en cada ángulo, y la corrupción ha dejado de ser escándalo para convertirse en sistema. Y, sin retención, los titulares, los discursos y las redes se saturan con debates que, allí de resolver poco, distraen al pueblo de lo esencial.

Mientras el pueblo sufre, la partidocracia afina el arte de desviar la atención. Y hoy lo hace, otra vez, manipulando el debate sobre el feto.

En este teatro político donde el poder se disfraza de diálogo, hay dos temas que garantizan el ruido necesario para silenciar lo importante: el feto y el nacionalismo. Entreambos activan pasiones, dividen al pueblo, paralizan el pensamiento y convierten la política en un ring emocional donde ya no hay argumentos, solo consignas. Y ese es precisamente el objetivo.

Cuando la deuda pública se dispara, nos hacen discutir las tres causales. Cuando la impunidad toca techo, encienden el tema migratorio. Cuando colapsa la vigor, el agua o la energía, nos enfrentan entre hermanos para evitar que enfrentemos al sistema.

Porque cuando un pueblo está distraído, es más obediente manipularlo. Y cuando está dividido, es más obediente someterlo.

En cuanto al feto, no hay espacio para confusiones: el artículo 37 de la Constitución es diáfano —“El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la crimen.” Y si de verdad se desea modificar ese principio fundamental, existe una vía legítima y democrática: el artículo 210, que exige referéndum popular.

¿Por qué no lo hacen?
Porque saben que perderían. Porque saben que este pueblo —profundamente ético, cristiano y defensor de la vida— no aprueba el feto, ni siquiera revestido de tecnicismos o excepcionalidades.

Por eso optan por otra vía: la manipulación emocional y el conflicto fabricado. Convertir el feto en campo de batalla es útil para los partidos. Pero es destructivo para la nación.

Y mientras el país se desgarra en ese infiel dilema, se aprueba un Código Penal que recorta derechos, favorece la impunidad y fortalece los blindajes del poder.

Pagamos más que nunca. El ITBIS está en 18%. La fiscalización es digital, los bancos están vigilados, el Estado todo lo ve.

Y, sin retención, la presión tributaria escasamente ha aumentado 5 puntos respecto al 10.2% que teníamos en los tiempos de Balaguer, con sistemas rudimentarios y sin tecnología.

¿Cómo es posible tanta modernización fiscal con tan poca probidad social?
Porque el problema no es técnico: es ético. Porque no se comercio de percibir más, sino de para quién y para qué se recauda. Porque mientras los pobres pagan, los poderosos saquean.

Y mientras entretienen a la población con debates polarizantes, los servicios esenciales entran en un franco destrucción.

La vigor pública se desangra.
El agua potable se convierte en opulencia.
La electricidad es un privilegio inestable.

Y eso no ocurre por negligencia.
Ocurre porque detrás de ese destrucción hay un propósito inconfesable: demostrar la privatización total de los servicios públicos.

Colapsar lo global para luego venderlo.
Desatender lo estatal para socorrer lo corporativo.
Robarnos el derecho a lo sustancial para convertirlo en mercancía.

Durante tres décadas, la partidocracia que sucedió al caudillismo ilustrado ha gobernado un país con más bienes que nunca, pero ha dejado una nación moralmente empobrecida, políticamente manipulada y socialmente desilusionada.

Heredamos una deuda social acumulada que avergüenza a la historia, y una deuda externa que es, en ingenuidad, una sentencia anticipada contra los que aún no han nacido.

No es que no hayan hecho obras: las han hecho, sí —el Patrón, algunas carreteras—, pero ignoraron lo esencial: agua potable, alcantarillado váter, vigor, vivienda digna, papeleo ambiental.

Y lo más indignante: cada una de esas obras, en vez de ser un homenaje al pueblo, se ha convertido en un monumento a la corrupción.

Fueron hechas no para servir, sino para lucrar.
No para variar, sino para demostrar.
Gobernaron sin conciencia social, sin sentido pudoroso ni visión patriótica.

Eligieron el poder por encima del servicio.

Y lo más circunspecto: han convertido la impunidad en norma, el poder en refugio de corruptos, y el Estado en utensilio para proteger a quienes lo saquean.

El poder quiere que discutamos lo que a ellos les conviene.
Pero el dilema positivo es otro:

¿Seguiremos divididos y manipulados?. ¿O construiremos un país donde la Constitución sea una ingenuidad y no un adorno?

La salida no está en quienes nos han fallado. Está en una ciudadanía que despierta, se organiza y se atreve a mandar sin partidos corruptos.

Hacer ingenuidad nuestra Constitución del Estado Social y Demócrata de Derecho significa vigor, agua, educación, orden, probidad y dignidad para todos.

Hoy no baste con indignarse. Hay que organizarse.

El camino son las candidaturas independientes, la décimo ciudadana y una República donde la ética sustituya la impunidad.

El futuro está en nuestras manos, si dejamos de pelear entre nosotros y comenzamos a contraponer a los verdaderos responsables.
Si dejamos de mirar donde ellos apuntan, y empezamos a mirar lo que ellos esconden.

Jpm-am