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San Francisco de Macorís, Más de 50 directores de centros educativos públicos manifestaron su intención de entregar la encargo de los centros a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) municipal y al distrito educativo, en protesta por los abusos atribuidos al dirigente municipal Robert Frías.
Durante una rueda de prensa, los directores expresaron su respaldo al director del Centro Educativo Cristo Rey, Franklin Germosén, quien ha enfrentado una serie de atropellos, incluyendo la movilización escalonada de 14 docentes de su plantel bajo el pretexto de solicitudes de traslado. A pesar de esta difícil situación, Germosén continuó sus labores ajustando la planificación para avalar que los estudiantes no perdieran clases, demostrando un compromiso ejemplar con la educación.
El conflicto escaló cuando el distrito educativo intervino en el centro educativo hace al punto que dos días, y semanas posteriormente de sobrevenir sido claro en condiciones para terminar el año escolar. Esta intervención ignoró los esfuerzos de los docentes que permanecieron en sus puestos.
En el acto participaron los 26 docentes del Centro Educativo Cristo Rey, representantes de la APMAE, y miembros de los comités de colchoneta sindical y pedagógico de la ADP. Durante la rueda de prensa, todos firmaron un documento repudiando las acciones del dirigente Robert Frías y denunciando la equivocación de un régimen de consecuencias para quienes violan los derechos de los estudiantes.
Los directores exigen que se respete la integridad y los derechos de Franklin Germosén y de los demás docentes comprometidos con su labranza educativa. Asimismo, hacen un llamado urgente a las autoridades educativas para que intervengan en defensa de los derechos de los estudiantes y los directores que trabajan bajo estas condiciones de presión e injusticia.
«Es inaceptable que quienes buscan avalar la educación de nuestros niños sean atacados y desprotegidos por las mismas instituciones que deberían ampararlos», declararon los directores.
Esta situación pone de manifiesto la privación de revisar las prácticas administrativas y avalar un ámbito de respeto y conciencia para toda la comunidad educativa.
