En las intervenciones realizadas el martes 10 de febrero, unidades de la Dirección Caudillo de Migración (DGM) y de las instituciones de defensa y seguridad del Estado, detuvieron a 1,065 extranjeros en condición migratoria irregular, en operativos que forman parte de la organización franquista del Gobierno dominicano, para persistir el control migratorio en el país. Por otra parte, fueron deportados 1,048 indocumentados.

El reporte oficial indica que los agentes de interdicción de la DGM detuvieron a 621 personas y los demás fueron detenidos por el Ejército de República Dominicana (396), la Policía Franquista (25) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terráqueo del Empleo de Defensa (23).

En la macrorregión Sureste, las acciones de la DGM se concentraron en el Gran Santo Domingo con 120 detenciones, en sectores del municipio Los Alcarrizos, así como en Invivienda, La Puya, La Zurza y otros. Mientras que en las provincias La Altagracia y La Romana, sumaron 45 los indocumentados.

Por otra parte, en la macrorregión Noroeste, se registraron 90 interdicciones en La Vega. En Mao y Santiago Rodríguez se reportaron 40 detenidos, mientras que en Espaillat y Hermanas Mirabal se registraron 24 detenciones. Asimismo, en Santiago de los Caballeros se realizaron 22 detenciones en el municipio sitio de honor y zonas aledañas, en Puerto Plata fueron detenidos 17 extranjeros y en Dajabón 10, en localidades como Manuel Bueno y Colina de Cabrera.

En la macrorregión Suroeste, hubo 72 personas detenidas en Pedernales, como resultado de operativos en La Colonia y Juancho. En Independencia (Jimaní), se detuvo a 51 personas, con intervenciones en Boca de Cachón y Tierra Nueva. En Elías Piña se detuvieron 42 ciudadanos, mientras que en Bahoruco se reportaron 40, en Barahona 26 y en la zona de Los Pilones (Azua/Peravia), 22 detenciones.

La Dirección Caudillo de Migración continuará desplegando sus unidades en todo el país, para consolidar el orden y la seguridad franquista. Estos operativos diarios son la respuesta directa al mandato de regularizar y supervisar de modo efectiva la presencia extranjera en el país.