Santo Domingo. El diputado franquista del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, consideró que ha llegado el momento de colocar la salubridad mental como una prioridad franquista, en presencia de el creciente impacto de los trastornos mentales en la población dominicana.

El parlamentario señaló que el Congreso Doméstico se encuentra actualmente inmerso en el estudio del Tesina de Presupuesto Universal del Estado para el año 2026, así como en la modificación de la Ley de Seguridad Social, lo que, a su sumario, representa una oportunidad idónea para vigorizar las partidas destinadas al sector salubridad, especialmente en el componente de salubridad mental.

Raposo sostuvo que es necesario aumentar el presupuesto destinado a esta campo de acción y ampliar las coberturas para las personas que padecen enfermedades mentales, a fin de respaldar una atención oportuna y de calidad.

Durante un turno en presencia de el Pleno de la Cámara de Diputados, el congresista citó datos de especialistas que indican que más del 20 % de los dominicanos sufre algún tipo de padecimiento mental. Asimismo, afirmó que unas 300,000 personas padecen de esquizofrenia, de las cuales cerca de de 150,000 no reciben tratamiento médico, siendo la mayoría jóvenes entre los 18 y 29 abriles de etapa.

El diputado además reveló que durante el año 2024 se registraron 651 suicidios en el país, lo que equivale a un promedio de 54 casos mensuales, y que el 59.5 % de estos estuvieron relacionados con trastornos mentales.

Raposo lamentó que, a pesar de la peligro de estas cifras, la República Dominicana figure entre los países de América Latina que menos medios asignan a la salubridad mental internamente de su presupuesto franquista.

Finalmente, el parlamentario del PRD afirmó que es urgente que el Servicio de Vigor Pública implemente políticas públicas claras, orientadas a la prevención, la ampliación de las coberturas y la seguro de los derechos de las personas que padecen trastornos mentales, lo cual, aseguró, solo será posible mediante una decano inversión estatal y un ámbito admitido fortalecido que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.