Santo Domingo, RD. – El presidente de la Suprema Corte de Rectitud (SCJ), Luis Henry Molina, celebrará este miércoles su última conmemoración del Día del Poder Jurídico, tras cumplir siete primaveras como presidente de la institución, cargo que asumió en abril de 2019. De no ser confirmado, estos serían sus últimos meses al frente del Poder Jurídico dominicano.

Durante su encargo, Molina impulsó un profundo proceso de transformación del sistema de honestidad, enfocado en la modernización, la eficiencia y el uso de la tecnología. Uno de los principales retos fue la implementación de herramientas digitales para el conocimiento y seguimiento de los procesos judiciales, lo que permitió facilitar los servicios, especialmente tras la pandemia del COVID-19, evitando el retardo de honestidad.

Este proceso se desarrolló bajo el Plan Visión Rectitud 20/24, cuyo objetivo fue alterar el sistema legal del país mediante la incorporación de tecnologías para la encargo de casos. Este maniquí permite conocer en ruta los expedientes asignados a jueces y juezas, por otra parte de automatizar múltiples labores administrativas de los tribunales.

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El Poder Jurídico dominicano extendió el Sistema de Diligencia de Casos (SGC) en las jurisdicciones penal e inmobiliaria, y fortaleció las operaciones internas y los servicios en las jurisdicciones civil, comercial, profesional, contencioso-administrativa y contencioso-tributaria. Esta tecnología contribuye a la integración de todas las instancias, materias y asuntos del sistema legal a nivel franquista.

Asimismo, facilita el seguimiento y monitoreo de la actividad de los tribunales mediante un sistema de integridad y transparencia, poniendo a disposición de la ciudadanía tableros de control y monitoreo en ruta, lo que fortalece la confianza en el servicio legal.

El plan contempló acciones orientadas a “una honestidad para todos y todas”, “un servicio oportuno y valioso” y “una honestidad íntegra y confiable”, según destaca el Poder Jurídico. Igualmente se estableció el Plan Importante Institucional, con el objetivo de suministrar el comunicación a la honestidad a la población en condición de vulnerabilidad.

Este proceso de transformación fue definido como profundo, orientado a la protección del Estado de Derecho y a certificar una honestidad oportuna que respete y promueva la dignidad de las personas.

El magistrado Molina ha señalado que la eficiencia del sistema legal es esencial para el progreso institucional del país, la protección de los derechos fundamentales y la afecto de inversiones, lo que contribuye a mejorar la competitividad franquista.

En ese camino cerca de una honestidad al día, aseguró que apoyar la independencia legal y la confianza en la honestidad dominicana ha representado grandes desafíos, aunque se han acabado avances significativos.

Entre esos avances destaca la construcción y facultad de la primera Ciudad Jurídico de Santo Domingo, donde operan tribunales de las materias civil y profesional, así como oficinas de jueces y otras dependencias del Poder Jurídico. La edificación fue inaugurada a finales del pasado año, y actualmente se trabaja en la construcción del dominio de parqueos para empleados y usuarios.

Días posteriormente de la facultad de esta infraestructura, el presidente del Poder Jurídico lanzó el Plan Rectitud del Futuro 2034, una iniciativa que marca una nueva etapa en la transformación del sistema legal, centrada en las personas y orientada a consolidar el Estado social, demócrata y de derecho.

Molina explicó que Rectitud del Futuro 2034 es un plan consensuado entre jueces, juezas, servidores judiciales, representantes de los poderes públicos, actores políticos, patronal, sociedad civil, agrupación y organismos internacionales.

En la nueva Ciudad Jurídico se han implementado tribunales inteligentes y herramientas de inteligencia industrial, como parte de la innovación tecnológica del sistema legal.

Durante este proceso de modernización, el magistrado reiteró que el objetivo principal es proteger el Estado de Derecho y certificar una honestidad valioso, humana y respetuosa de la dignidad de las personas. Reafirmó que, aunque el camino ha sido confuso, se han ajustado avances relevantes en la institucionalidad legal.

Infortunios

El pasado año, jueces denunciaron el trastorno estructural y el peligro de colapso del antiguo edificio de la Corte de Apelación del Distrito Franquista, alertando desde primaveras antes sobre grietas y fallas estructurales. Esta situación obligó a las autoridades del Poder Jurídico a trasladar esas dependencias a la edificación de la Mando Inmobiliaria, donde funcionan de guisa provisional las cortes, hasta la construcción de una nueva sede que estará ubicada próxima al edificio de la Suprema Corte de Rectitud (SCJ), entre otros reclamos pendientes.