El autor es periodista. Reside en San Cristóbal

POR JULIO  CESAR GARCIA ESPINAL

La vida, en su irónica modo de enseñarnos lecciones, nos enfrenta a situaciones que en algún momento advertimos que llegarían. No es gustoso tener que mirar a nuestro rodeando y decirnos unos a otros: “Ya lo sabíamos”.

La crítica con destino a los funcionarios públicos ha existido siempre, y debe seguir existiendo en una sociedad democrática. Lo preocupante no es la crítica en sí, sino el tipo de discurso que ha ido ganando ámbito en los espacios de opinión pública. Hoy, plataformas globales como las redes sociales han amplificado las voces de quienes, sin preparación, sin títulos, sin ética ni criterio, emiten juicios que rayan en la difamación y la calumnia.

Lo más intranquilizante es que muchos de estos individuos se escudan en el concepto de independencia de expresión para asaltar los límites del respeto, la dignidad humana y la verdad. Pero eso no es independencia de expresión. La independencia de opinar conlleva deberes: el deber de informarse, de respetar, de no dañar. No todo puede justificarse como una opinión.

Como sociedad, estamos frente a una crisis que exige una catarsis colectiva. Si no corregimos el rumbo, nos veremos condenados al caos, a la normalización del irrespeto, a la impunidad casto de quienes hacen daño desde el anonimato o la irresponsabilidad, y a las disculpas vacías de los difamadores sin honor.

Lo que hoy ocurre con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, no es un hecho apartado ni nuevo. Es el refleja de una enfermedad social que lleva tiempo incubándose: comenzó con burlas, sarcasmos y rumores que toleramos en voz desaparecido, y que ahora se han transformado en campañas de descrédito que se viralizan sin control.

Lo preocupante no es solo el ataque a una figura pública. Es que lo permitimos como norma. Es que callamos cuando la víctima fue un profesor al que le fabricaron un video para chantajearlo. Cuando se humilló a un pastor en redes sociales, exhibido de forma vulgar por no ceder frente a una bandada de delincuentes. En todos esos casos, la sociedad falló por omisión.

Hoy, frente a este nuevo atropello, es necesario efectuar con firmeza. No solo porque se alcahuetería de una ministra. No solo porque es una mujer. Sino porque si no ponemos un parada ahora, el avería seguirá afectando a cualquiera. Se deben sancionar las malas prácticas, sí. Pero el compromiso debe ser con la dignidad de todas las personas, no con el cargo que ocupen.

El momento de corregir este rumbo es ahora. Por probidad. Por respetabilidad. Por el país. Que se detengan estas malas prácticas, que se sometan y castiguen a quienes se dedican a estas acciones, pero que no sea solo por la ministra.

juliogarciaespinal@gmail.com

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