Palacio de Probidad de Ciudad Nueva

Santo Domingo, 5  jul (EFE).- Un tribunal del Distrito Doméstico impuso como medidas de coerción señal económica, presentación periódica e impedimento de salida del país contra ocho imputados presuntamente vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia de Monseñor Nouel.

En un comunicado se precisa que se dictó señal económica, mediante contratos, de 3,000,000 de pesos para Freddery Garcipa Ortizconsiderado cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y de 2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez.

Se ordenó, con la misma modalidad, señal económica de 1,000,000 de pesos para George Charlie Abreu Tejada, de 500,000 para Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Ariasde 200,000 para Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y de 150,000 pesos para Wilton Rafael Gutiérrez (Chango).

Adicionalmente, el caso fue obvio confuso y se dio un plazo de 12 meses para que la Fiscalía concluya la investigación y presente la reproche formal.
El Tarea Sabido había solicitado prisión preventiva para los imputados, al considerar que había desidia de garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los actos por no tener el raigambre suficiente para descartar el peligro de fuga.

LA INVESTIGACIÓN

La investigación, en la que trabajó el Tarea Sabido yuxtapuesto a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Doméstico, comenzó a raíz de las reclamaciones de varios clientes de una entidad del sistema financiero doméstico.

De forma fraudulenta, los presuntos miembros de la red accedían a los perfiles de los clientes, realizaban transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y luego retiraban los fondos a través de cajeros automáticos y ventanillas de distintas instituciones financieras.

En el operante se llevaron a extremo 34 allanamientos simultáneos en los que se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias.

Asimismo fueron confiscadas sustancias controladas y vehículos, así como varios inmuebles adquiridos con los medios obtenidos a través de las actividades delictivas, en el interior de una investigación que sigue abierta y en progreso para identificar a otros posibles implicados.

El Tarea Sabido considera que se alcahuetería de una red criminal estructurada y peligrosa y ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Adhesión Tecnología y a la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.EFE

ACM