Por Abril Peña

ElPregoneroRD-Cada 3 de diciembre el mundo detiene la marcha, aunque sea por un día, para recapacitar que más de 1,300 millones de personas viven con alguna discapacidad. Es una monograma enorme, pero más enorme es la brecha entre los discursos y las realidades. República Dominicana no escapa a esa paradoja: hablamos de inclusión, pero convivimos con ciudades, instituciones y sistemas que siguen diseñados para quienes pueden caminar, ver, oír y comprender el entorno sin barreras.

En un país que presume crecimiento crematístico, la discapacidad sigue siendo un tema relegado al zaguero cajón de las prioridades públicas. No por desidia de leyes —las tenemos— sino por desidia de voluntad política para cumplirlas. La Ley 5-13 sobre discapacidad avanzó hace más de una decenio, pero hoy puntada caminar por cualquier orilla rota o intentar usar un servicio divulgado para entender que la inclusión vivo sigue siendo un sueño en proceso.

La brecha es tan vasto que charlar de igualdad de oportunidades parece un acto de optimismo. Según registros oficiales, cerca del 12% de la población dominicana vive con algún tipo de discapacidad. Si fueran un partido político, representarían uno de los bloques más grandes del país. Sin bloqueo, su voz rara vez se audición. No están en los debates públicos, casi nunca en las estadísticas desagregadas, y muy poco en los presupuestos nacionales.

Porque hay que decirlo sin rodeos: RD no está diseñada para ellos.

Las aceras no funcionan. El transporte divulgado no los contempla. La burocracia los desgasta. Las escuelas carecen de personal y materiales suficientes para educación inclusiva. Y en el sector sindical, la mayoría ni siquiera recibe la oportunidad de demostrar lo que puede aportar. El resultado es un círculo de omisión que se alimenta solo: sin llegada → sin oportunidades → sin autonomía.

Susurrar de discapacidad no es charlar de caridad. Es charlar de derechos humanos, neutralidad social y explicación franquista. Un país que margina a más del 10% de su población se está amputando su propio potencial.

Pero todavía es un tema profundamente político. En momentos donde discutimos institucionalidad, inversión social y eficiencia del Estado, la inclusión debería ser parte del centro del debate, no un apéndice simbólico para el 3 de diciembre. Las ciudades modernas entienden que accesibilidad no es consumición, sino inversión: en empleos, en movilidad, en productividad, en vitalidad mental, en dignidad.

Mientras tanto, en la República Dominicana, muchos ciudadanos con discapacidad siguen luchando batallas básicas: subir una rampa que no existe, obtener a una consulta médica sin humillaciones, moverse en la ciudad sin poner en peligro su vida.

Este día no es para discursos complacientes. Es para recibir que hemos fallado como sociedad. Que el Estado debe admitir la inclusión como un pilar, no como un mueca. Que los gobiernos municipales deben planificar pensando en todos. Que el sector privado tiene la responsabilidad de cascar puertas reales. Y que cada uno de nosotros debe revisar los prejuicios que todavía arrastramos.

República Dominicana no necesita reinventar la inclusión; necesita priorizarla. Porque un país se mide no por cómo manejo a quienes tienen más poder, sino por cómo respeta y acompaña a quienes viven con más barreras.

Y esa, al día de hoy, sigue siendo una deuda irresoluto.