SANTO DOMINGO.- La Dirección Caudillo de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este lunes que suspendió de oficio 38 Registros de Proveedores del Estado (RPE) correspondientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, por encontrarse interiormente del régimen de inhabilidades previsto en el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Entre los registros suspendidos mediante la resolución núm. DGCP44-2025-002579 figuran ministros, viceministros, directores, subdirectores, consultores jurídicos, intendentes, alcaldes y regidores, que están legalmente impedidos para ser oferentes o suplir acervo, obras o servicios a instituciones del Estado, conforme lo establece la legislatura actual.

La medida, es el resultado de un cruce sistemático de información realizado por los departamentos de Comprobación y Encargo de Proveedores.

El víscera rector afirmó que estas suspensiones son medidas preventivas adoptadas para respaldar la integridad del Registro de Proveedores del Estado y forman parte de los cruces de información que se realizan de forma regular, con el objetivo de predisponer posibles conflictos de interés y acorazar el control en los procesos de contratación pública.

En ese sentido, el director militar de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reiteró que esta medida no constituye una pena administrativa, sino una influencia preventiva orientada a proteger la integridad del sistema de compras públicas y fijar el cumplimiento del entorno normativo.

“La detección oportuna y la respuesta institucional en presencia de situaciones que puedan comprometer la transparencia son pilares fundamentales en la bordado de vigilancia que ejerce la DGCP en cumplimiento de su mandato judicial”, subrayó Pimentel.

Los registros fueron suspendidos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), como establece el acto chupatintas correspondiente.

La DGCP informó que, durante la presente diligencia, se han suspendido 567 registros de proveedores, en fiel cumplimiento del artículo 14 de la Ley 340-06, reforzando así el compromiso institucional con la legitimidad, la ética pública y la lucha contra los conflictos de interés.