El autor es comunicador. Reside en Nueva York

POR LUIS M GUZMAN

La sostenibilidad fiscal de República Dominicana no se explica solo por el nivel de endeudamiento, aunque este ya sobrepasa los 75,000 millones de dólares en 2024. La raíz del problema es más profunda: una estructura estatal ineficiente y redundante, pegado a una salario pública sobredimensionada, que absorbe bienes que deberían dirigirse a inversión social y productiva en beneficio ciudadano.

En el país operan más de 350 instituciones estatales, muchas con funciones similares. Durante décadas se han creado ministerios, direcciones e institutos que se solapan, generando burocracia excesiva y compra corriente injustificado.

La propia Dirección de Presupuesto ha obligado que múltiples entidades podrían ser eliminadas o fusionadas, lo que daría circunscripción a ahorros considerables en el corto plazo.

Ejemplos abundan: el Instituto Franquista de la Vivienda (INVI) convive con el Servicio de la Vivienda (MIVED); la OMSA y el INTRANT comparten competencias en transporte; mientras que el CEA y el IAD gestionan tierras estatales con funciones parecidas. Estos cruces generan duplicidad administrativa, conflictos de atribuciones y mayores costos para el Estado sin beneficio proporcional para la población.

El caso más alegórico es el del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper). Luis Abinader lo definió como una “fuente de corrupción” y prometió eliminarlo en 2020. Sin requisa, cinco abriles a posteriori sigue operando con un presupuesto superior al de entidades esenciales. Vinculado al caso Antipulpo, Fonper refleja cómo promesas de racionalización se diluyen frente a inercias políticas y resistencias interiormente del artefacto estatal.

Si acertadamente se eliminaron instituciones menores como la Caja de Ahorros para Obreros o se fusionaron programas como ADESS con Supérate, los ahorros han sido marginales. Expertos estiman que la racionalización de entidades podría liberar más de 25,000 millones de pesos anuales. Sin requisa, esos bienes suelen destinarse a cubrir déficits corrientes en circunscripción de vigorizar la inversión pública en áreas críticas como sanidad o educación.

Agravamiento

El crecimiento de la salario pública agrava el problema. De unos 500,000 empleados en 2010, se pasó a más de 720,000 en 2024. Esto representa aproximadamente del 2% del PIB y más del 27% del compra corriente.

El engendro asegura menos a deposición técnicas que a prácticas clientelares, lo que genera plazas duplicadas y frena la profesionalización de la empresa pública dominicana.

A pesar de estos niveles de compra en salarios, la población percibe servicios deficientes. Escuelas sin cupo suficiente, hospitales desabastecidos y sistemas de transporte colapsados son parte de la ingenuidad. Esto evidencia que no es la magnitud del compra lo que importa, sino su depreciación eficiencia. República Dominicana gasta más que países vecinos en remuneraciones, pero ofrece menos resultados a sus ciudadanos.

Paralelamente, el endeudamiento sabido se disparó. En 2020 rondaba los 44,600 millones de dólares y para 2023 superaba los 68,000 millones. En 2024 ya rebasa los 75,000 millones, lo que supone un incremento superior a 30,000 millones en cuatro abriles.

Esta dinámica coloca a la deuda en torno al 65% del PIB y compromete la capacidad del Estado de sostener su estabilidad fiscal en el mediano plazo.

El peso de la deuda se refleja en el Presupuesto Franquista. Los pagos de intereses y amortizaciones consumen más del 24% de los bienes anuales, rivalizando con la salario pública como principal compra corriente.

Con un presupuesto tan comprometido, la inversión de caudal casi nada representa un 17%, muy por debajo de lo requerido para variar la infraestructura y los servicios esenciales del país.

Intentos de modernización, como el software Burocracia Cero o la Ley de Responsabilidad Fiscal (35-24), buscan controlar el compra y aumentar la eficiencia. La digitalización de procesos ha corto algunos trámites, pero mientras instituciones redundantes sigan operando, los ahorros serán marginales frente a un artefacto estatal que continúa creciendo y demandando mayores niveles de endeudamiento forastero.

La ciudadanía enfrenta las consecuencias en carne propia: largas filas en hospitales, aulas abarrotadas y sistemas de agua insuficientes, mientras los impuestos financian nóminas infladas y entidades cuestionadas como Fonper.

Esta disonancia entre compra sabido y calidad de servicios erosiona la confianza en el Estado y alimenta la percepción de que la política asegura más a intereses particulares que al acertadamente popular.

En conclusión, la verdadera carga del Estado dominicano no es solo la deuda creciente, sino la combinación de duplicidad institucional, salario abultada y compra corriente improductivo. Sin una reforma integral que simplifique la empresa, profesionalice el empleo sabido y priorice la inversión social y productiva, el país seguirá atrapado en un ciclo donde se gasta mucho, pero se transforma poco.

Jpm-am