SANTO DOMINGO.- El mediador de la Oficina Procesal de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción a siete de los imputados arrestados en la Operación Discovery 3.0, proceso mediante el cual fue desmantelada una estructura criminal dedicada a estafas internacionales.

Tal como solicitó el Ocupación Divulgado, el tribunal dictó prisión preventiva, revisable cada tres meses, contra uno de los cabecillas de la red, Bernardo Taveras Vélezquien cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago.

En el caso de Jesús Manuel Castaños Colónademás señalado como líder de la estructura y a quien el tribunal atribuyó una activa billete en los hechos, se dispuso arresto domiciliario con prisiones electrónicos e impedimento de salida del país, correcto a razones de salubridad.

Siete imputados recibieron medidas de coerción tras desmantelar una red de estafas internacionales en Santiago

El mediador declaró el proceso de tramitación compleja y resaltó la cooperación internacional con organismos de Estados Unidos. Adicionalmente, otorgó al Ocupación Divulgado un plazo de ocho meses para presentar la denuncia formal.

Respecto a los imputados Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureñael tribunal valoró su colaboración con las autoridades y ordenó arresto domiciliario, conforme a la petición del entraña persecutor.

De igual forma, acogió la solicitud contra Gipsy Pamela Castaños Garcíaa quien le fue impuesta una fianza económica de 500 mil pesos a través de una aseguradora.

Durante la audiencia, la jueza subrayó que el delito de lavado de activos no se limita a una actividad directa, sino que además puede cometerse por omisión, en aquellos casos en que los procesados no pudieron documentar el origen de los fortuna reflejados en sus estados financieros.

En el ámbito de la Operación Discovery 3.0 además fueron arrestados Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (apelativo Paflow), Joel Francisco Mathilda Arrojado y Edward José Puelloquienes, en una audiencia en la Suprema Corte de Neutralidad, aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos. Allí enfrentarán cargos relacionados con la estructura delictiva, que operaba principalmente contra personas de destacamento momento.