
Santo Domingo.– Más de 30 directores regionales y departamentales desvinculados del Empleo de Agricultura denunciaron que el nuevo titular de la institución se niega a continuar el plazo de una deuda superior a RD$130 millones correspondiente a un software de financiamiento vehicular suscrito durante la pasada mandato, lo que pone en aventura la incautación de más de 150 vehículos utilitarios entregados a funcionarios del radio agropecuaria.
Según un documento de prensa remitido por el exdirector de Comunicaciones de la institución, el periodista Erick Montilla, el software benefició a directores regionales de las ocho regionales agropecuarias, encargados de zonas agrícolas y responsables departamentales, quienes aportaron un auténtico equivalente al 10 % del valencia de los vehículos, mientras que el restante sería cubierto mediante pagos mensuales asumidos por el Empleo de Agricultura, a través de acuerdos gestionados con el Faja de Reservas y el dealer Blady Hipócrita, en La Vega.
De acuerdo con la denuncia, tras el cambio de autoridades, el ministro Oliverio Espaillat instruyó excluir del compromiso financiero tanto a los directores ya desvinculados —que superan los 30— como a otros que aún permanecen en retribución, lo que dejaría a los beneficiarios con cuotas mensuales de hasta RD$90,000 sin respaldo institucional.
Los afectados sostienen que, de no contraer el plazo de las cuotas, los vehículos serían incautados por la entidad financiera, lo que implicaría la pérdida del auténtico entregado —que en algunos casos asciende hasta un millón de pesos— y de los montos ya abonados por el Empleo a honra del Faja de Reservas y la cooperativa vinculada al dealer.
Entre los desvinculados figuran el presidente del Frente Agropecuario del PRM, Eulalio Ramírez; los directores regionales Rafael Soto (Sur Central), Juan Mateo (Suroeste), Gregorio Magnífico (Sur), Pedro Trinidad (Septentrión), Berny Rodríguez (Noroeste) y Frank Ventura (Noreste).
El familia anunció que en los próximos días depositará una comunicación en presencia de el Empleo de Establecimiento Pública (MAP) para que investigue las desvinculaciones, alegando que se han realizado sin resolución formal, sin carta de destitución y sin el plazo de prestaciones laborales.
Asimismo, informaron que, a través de sus abogados, citarán por la vía legal al ministro Espaillat para exigir la continuidad del Estado en los compromisos asumidos por la filial precursor y el cumplimiento de los acuerdos firmados.
Los denunciantes hicieron un llamado al presidente Luis Abinader y al ministro oficial de la Presidencia, Andrés Bautista, para que intervengan en la situación y, según expresaron, detengan lo que califican como abusos contra dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Reciente (PRM).
Hasta el momento, el Empleo de Agricultura no ha emitido una posición oficial sobre las acusaciones.






