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Durante décadas, Argentina acumuló un entramado normativo denso que encareció producir, volver y emprender. Desde fines de 2023, el país inició un proceso de desregulación orientado a eliminar normas innecesarias y disminuir la discrecionalidad estatal, con el objetivo de avanzar con destino a reglas más simples y previsibles.
La experiencia argentina resulta relevante para otros países como la República Dominicana. Aunque su entorno regulatorio no alcanza los niveles de rigidez histórica de Argentinaello no elimina el ganancia para mejorar. Postergar reformas hasta que los problemas se agravan suele elevar significativamente sus costos económicos y sociales.
Un eje central del enfoque reformador ha sido inspeccionar que la burocracia no es neutro. Trámites excesivos generan costos, demoras y espacios para arbitrariedad y corrupción. Simplificar procesos restablecimiento la eficiencia y limita la captura del Estado por intereses rentistas.
Este enfoque se tradujo en una revisión del entorno normativo, alimentada en parte por reportes ciudadanos sobre regulaciones que bloqueaban la actividad económica. A partir de ello se priorizaron cambios con impacto directo, como la reducción de trámites que ayer tomaban hasta dos abriles y hoy se resuelven en pocos meses. Entre los resultados más visibles, la liberalización del mercado de alquileres se asoció con un aumento de la ofrecimiento y una caída de 26.6 % en los precios reales. En el sector energético, la exterminio de trabas regulatorias y un viejo respeto a la propiedad privada contribuyeron a que Argentina alcanzara en octubre de 2025 un récord histórico de producción de petróleo, superando los 850 mil barriles diarios.
La advertencia es institucional: simplificar regulaciones fortalece la competencia y crea mejores condiciones para el crecimiento sostenido.
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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).
