EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Lo que ocurre en la comunidad de Los Negros, en Azua, es una afrenta abierta y descarada contra una población que ha sido históricamente olvidada. La instalación de las barcazas generadoras de electricidad no es un simple plan energético: es un exageración ambiental y social, ejecutado con la indiferencia de las autoridades y el sufrimiento diario de sus moradores.

Durante meses, la clan de Los Negros ha denunciado lo mismo: ruido insoportable, contaminación del aerofagia, afectación del agua, daños a la pesca y vibraciones que amenazan sus viviendas. No son exageraciones. No son “percepciones”. Son realidades que golpean la lozanía, la crematística y la tranquilidad de cientos de familias que no pidieron ni aprobaron esta carga tóxica.

La pregunta que flota es sencilla y extraordinario: ¿por qué se insiste en sustentar estas barcazas en una zona donde están causando tanto daño? ¿Qué interés es tan poderoso como para ignorar las voces de una comunidad entera?.

Lo más indignante es la disposición de las instituciones llamadas a proteger el medioambiente y a defender los derechos ciudadanos. Las denuncias de los moradores se han antitético con silencio, evasivas o justificaciones técnicas que en absoluto responden a la experiencia diaria de quienes viven a pocos metros de estos monstruos flotantes. Hay una indiferencia peligrosa y una yerro de responsabilidad que guión en el desprecio.

Azua merece respeto

Sus comunidades merecen ser tratadas con dignidad. La clan de Los Negros no puede seguir viviendo entre ruido, humo y temor mientras el Estado se aferra a un plan que solo beneficia a unos pocos. Si una planta o barcaza no puede instalarse frente al Malecón o en zonas residenciales de élite, ¿por qué sí frente a una comunidad humilde? Esa es la pregunta que las autoridades no quieren reponer.

Este exageración debe detenerse. No se tráfico de política, sino de derechos humanos y ambientales. La vida en Los Negros se está deteriorando, la desesperación crece y la confianza en las instituciones se desploma.

El Gobierno no puede seguir ignorando este clamor. Lo que se está cometiendo en Azua es inadmisible, inhumano y profundamente injusto. Ya es hora de corregirlo.

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