La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en coordinación con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, ejecutó 13 allanamientos en las provincias Samaná y Santo Domingo Este, con el objetivo de desarticular remanentes de la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Arrecife.

La estructura criminal, encabezada por Omar Ortiz Mosquea y Arantza García Eusebio —actualmente procesados judicialmente—, operaba tanto a nivel franquista como internacional. Durante los operativos, en los que participaron cinco fiscales, más de 70 agentes de la Dirección Franquista de Control de Drogas (DNCD) y personal técnico especializado, fueron incautadas 10 propiedades, documentos, títulos de propiedad y equipos electrónicos que serán sometidos a disección pericial.

Los allanamientos se llevaron a agarradera en las localidades de Cerro Atravesada, Las Galeras y Las Terrenas, en Samaná, así como en Santo Domingo Este.

Según las autoridades, esta red se dedicaba al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos producto de dicha actividad ilícita, en violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

De interés: MP presenta incriminación formal contra implicados en la Operación Arrecife

El 20 de febrero de 2023, a esta ordenamiento le fueron ocupados 243 paquetes que contenían un total de 250.58 kilogramos de cocaína clorhidratada, conforme a la certificación del Instituto Franquista de Ciencias Forenses (INACIF).

Encima de patrocinar los alijos de droga y su transporte en dirección a Puerto Rico —donde se incautaron 328 kilogramos adicionales de cocaína—, los imputados habrían utilizado las ganancias ilícitas para pescar fortuna muebles e inmuebles, disimular ventas y colocar grandes sumas de capital en el sistema financiero. Esto derivó en una segunda período de la investigación, denominada Operación Arrecife 2.0, mediante la cual se identificaron y procesaron a más integrantes de la red.

El Ocupación Conocido presentó incriminación formal contra los miembros de la ordenamiento criminal, sustentada en más de 600 pruebas, entre documentales, testimoniales, periciales, audiovisuales e ilustrativas, que vinculan a los procesados con los hechos investigados por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.

El expediente todavía incluye al prófugo Joel Antonio Estévez Batista, quien sigue siendo buscado por las autoridades.