El AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo.

Desde su creación en 2004, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) ha sido una útil esencia en la lucha contra la pobreza en la República Dominicana. No ha sido consumado, pero su rol como plataforma técnica para la identificación y clasificación de hogares vulnerables ha permitido orientar la ayuda social de modo más torneo, eficaz y transparente.

Sin confiscación, los cambios institucionales que han sacado al SIUBEN del Gobierno de Política Social y lo han colocado bajo el paraguas del Servicio de Finanzas, Planificación y Ampliación (MEPyD) marcan, en la experiencia, un desmantelamiento silencioso de su autonomía y esencia técnica.

Mediante el Decreto 396‑22, de época 20 de julio 2022, se dispuso que, a partir del 1 de enero de 2023, el SIUBEN deje de estar bajo el Gobierno de Política Social y pase a reconocer directamente del MEPyD con el objetivo de mejorar la calidad técnica de la información y entregar la planificación territorializada de las políticas sociales.

Al encargarse esta nueva forma de dependencia, el SIUBEN se convierte en una entidad descentralizada del MEPyD, enfocada a la casa recoleta y exploración de datos socioeconómicos.

Lo que se presenta como una reestructuración administrativa para “proteger capacidades” esconde en ingenuidad una fragmentación peligrosa de la política social. El traslado del SIUBEN al MEPyD ha débil su conexión operativa con los demás programas de subvención.

La desconexión entre la casa recoleta de datos sociales y la implementación de políticas públicas, en el ámbito de lo social, es precisamente lo que puede rasgar las puertas al clientelismo, al predilección y a decisiones basadas en criterios políticos, más que en realidades objetivas.

El SIUBEN fue creado para servir como un escudo contra la discrecionalidad. Su Índice de Calidad de Vida (ICV) y, luego, el Índice de Vulnerabilidad y Camino (IVACC), permitían tomar decisiones sociales basadas en evidencias, no en proselitismos políticos.

Pero al compendiar su influencia y diluir su autonomía técnica, se debilita uno de los pocos mecanismos que ofrecía fianza de transparencia en la administración del desembolso social.

Agravamiento

La situación se agrava si se toma en cuenta el contexto contemporáneo. Mientras se “reorganiza” el SIUBEN, se han reportado múltiples irregularidades en el manejo de los programas sociales: desde los escándalos de fraudes en las tarjetas Supérate, hasta los recién cuestionados programas de subsidios del SENASA.

¿Quién decide ahora quién es insuficiente y quién no lo es? ¿Qué datos se utilizan? ¿Dónde queda la trazabilidad? ¿A quién rinde cuentas el nuevo SIUBEN?

Este tipo de decisiones, tomadas sin decano debate notorio ni evaluación técnica previa, reflejan un problema decano: la desaparición de visión integral de la política social. Las ayudas sociales no pueden gestionarse como favores ni como herramientas de campaña. Necesitan un sistema robusto, con datos fiables y estructuras independientes. El SIUBEN encarnaba parte de esa promesa.

Hoy, su traslado al MEPyD no representa solo un cambio institucional. Representa una regresión. Una renuncia tácita a la tecnificación de la subvención social y una peligrosa tolerancia al manejo político del deseo.

La República Dominicana no puede permitirse retroceder en esta materia. Si el objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables, entonces hay que defender la autonomía técnica del SIUBEN y su rol clave. De lo contrario, estaremos más cerca de la discrecionalidad populista que de la rectitud social.

Jpm-am