En el subsuelo del Gran Santo Domingo se oculta una de las mayores apuestas de saneamiento ambiental en la vida planificada en la historia de la renta dominicana: un sistema integral de plantas depuradoras, redes de alcantarillado y emisarios submarinos, capaz de variar los ríos Ozama e Isabela y, con ellos, la salubridad de al menos tres millones de personas.

Así lo revela el Plan Preceptor del Alcantarillado Retrete del Gran Santo Domingo, una hoja de ruta diseñada por la Corporación del Canal y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), bajo la dirección de Alejandro Montás, con el respaldo del Faja Interamericano de Expansión (BID) y la firma Hazen & Sawyer.

Ese codicioso esquema fue concebido para atender una verdad amenazador: solo el 5 % de la población cuenta con algún tipo de tratamiento de aguas residuales, mientras el resto descarga directamente en ríos y acuíferos.

Uno de los pilares de ese sistema es la planta de tratamiento de La Zurza, conectada a través de un sistema de bombeo con la zona de Jacobo Majluta. Montás refiere que la planta fue construida y entregada, operando en un 40 %, pero que no ha recibido seguimiento adecuado en primaveras recientes, a pesar de representar una inversión de 125 millones de dólares.

“Ahí hay equipos, tuberías, todo instalado. Es un sistema que reduce en forma inmediata el aventura de enfermedades infectocontagiosas en los sectores aledaños”, subrayó. Explicó que la planta está diseñada para depurar hasta 1,202 litros por segundo, un comba que en un 76 % proviene de descargas industriales sin tratamiento.

Sin incautación, no está equipada para tratar residuos químicos, lo que plantea la requisito urgente de una infraestructura especializada para las más de 260 empresas que vierten tóxicos en los ríos y afluentes urbanos.

La presente oficina de la Caasd, liderada por el ingeniero Felipe Suberví, rehusó conversar con HOY sobre este tema.

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Soluciones que no salen a flote

La otra importante puesta del Plan Preceptor son los emisarios submarinos. Cuatro ductos de ingeniería vanguardia que, tras el tratamiento primario, conducirían el agua residual al mar hendido, a profundidades de hasta 34 metros, garantizando una dispersión segura y sin impacto ambiental. Los puntos designados para estas infraestructuras son Guajimía (560 m), Núñez de Cáceres (300 m), Alma Mater (380 m) y Los Frailes (260 m). Cada uno con plantas de pretratamiento y áreas de cobertura acertadamente definidas, capaces de atender a comunidades densamente pobladas. “Estas tuberías no son drenajes comunes: son sistemas de descarga profunda, diseñados según las normas internacionales”, precisó.

Un manda ignorado

El plan, que costó más de 4.5 millones de dólares en estudios técnicos y que su ejecución estaba prevista en tres etapas con horizonte al 2040, no ha liberal al ritmo esperado. “Lo dejamos todo planificado, presupuestado, con estudios de impacto ambiental, diseños ejecutivos y cartografía digital. Pero la continuidad del Estado sigue siendo nuestro talón de Aquiles”, lamentó Montás. La entrevista con el exdirector de la Caasd destapa una verdad frustrante: obras de infraestructura vanguardia paralizadas, planes de saneamiento almacenados y una ciudad que sigue creciendo sin servicios básicos proporcionales. “Cada vez que cae una copia intensa, nos damos cuenta de que no hemos resuelto el drenaje pluvial. Las cañadas son ahora vertederos y el alcantarillado que construyó Trujillo sigue operando con funciones duales e ineficientes”, sostuvo.

Exigir a las industrias

El Plan Preceptor del Alcantarillado Retrete del Gran Santo Domingo no contempló inicialmente una opción para el despojos químico, ya que las plantas diseñadas, como la de La Zurza, están destinadas exclusivamente al tratamiento de aguas residuales urbanas. Para enfrentarse esta problemática sería necesario construir una planta especializada o exigir a las industrias que instalen sus propios sistemas de tratamiento.

El impacto de estos vertidos es devastador: no solo deterioran irreversiblemente los ecosistemas acuáticos, sino, que asimismo comprometen la salubridad de miles de familias que viven en las riberas. Enfermedades respiratorias, dérmicas e infecciosas se multiplican en estos entornos contaminados, mientras el Estado asume el parada costo de una atención médica que podría evitarse con acciones regulatorias firmes.

A pesar de la recaída, el problema ha sido históricamente ignorado. Para Montás, la salida es la intervención estatal decidida, combinada con financiamiento internacional y con voluntad política.