El autor es productor de televisión. Reside en Santo Domingo

Soy dominicano. Soy padre. Y, encima, acompaño familias desde el trabajo social. Por eso escribo con una preocupación que no es pose ni dietario: cuando un criatura desaparece, no se “pierde un caso”; se rompe una clan, se detiene una comunidad, se instala el miedo.

En República Dominicana, frente a el tema, mucha masa repite una frase que suena a calmante colectivo: “aquí eso no está pasando”. Pero cuando uno se toma en serio la investigación —sin morbo, sin conspiraciones, sin inventar— y mira lo que reportan instituciones oficiales, organismos internacionales y medios importantes en países latinoamericanos, aparece una verdad que obliga a brindar los luceros: las desapariciones de niñas, niños y adolescentes existen, se denuncian, se registran y se investigan… aunque no siempre se resuelvan.

Y entonces surge la pregunta: si en tantos países cercanos hay reportes comprobables y documentados, ¿por qué aquí tanta masa se convence de que “eso no existe”? ¿Es que no ocurre… o es que no se registra acertadamente, no se visibiliza, o no confiamos en denunciar?

Pimiento: cifras y registros públicos

En Pimiento existe un sistema formal de búsqueda y publicación de personas extraviadas, ventilado por la PDI, con fichas visibles al notorio. Y la propia información difundida en prensa sobre datos policiales ha señalado miles de reportes de menores en un año, con cientos que permanecían sin ubicación al obturación del período reportado. Conclusión: no es “rumor”; es un engendro que se cuenta y se exhibe como problema actual.

Colombia: conflicto, quinta y registros oficiales

En Colombia, encima del dolor histórico del conflicto, hay registros oficiales de desaparecidos (Medicina Permitido mantiene el RND) que permiten consulta y seguimiento. Y la Pelotón de Búsqueda (UBPD) ha informado miles de solicitudes de búsqueda relacionadas con menores desaparecidos en contexto del conflicto armado. Conclusión: cuando hay registro y Estado detrás, la sociedad no tiene que “creer”; puede revisar.

Costa Rica: denuncias diarias y comprobación anual

Costa Rica, un país que muchos ven como “más tranquilo”, reporta una verdad que golpea: el OIJ ha hablado de un promedio de múltiples denuncias diarias por menores desaparecidos, y medios nacionales han documentado cifras anuales con localizaciones y casos aún pendientes. Conclusión: incluso donde hay institucionalidad sólida, el aventura existe.

Ecuador: miles de denuncias y alertas sobre violencia

En Ecuador, la Fiscalía ha reportado miles de denuncias de desaparición por año. Y UNICEF ha despierto sobre reportes de desapariciones de menores en provincias específicas, conectándolo con un entorno de violencia y quinta de niños y adolescentes. Conclusión: desmentir el engendro no lo reduce; documentarlo, sí permite enfrentarlo.

Guatemala

Guatemala tiene un sistema de alerta (ALBA-KENETH) que publica datos y reportes. La propia PGN informó miles de alertas activadas en 2024. Conclusión: cuando un país instala una alerta formal, deja claro que la desaparición de menores no es “cartel urbana”: es emergencia social.

Honduras

En Honduras, el CONADEH ha señalado reportes de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en 2024, describiéndolo como en gran medida preocupante. Conclusión: el tema no es “virulento”; es dietario de derechos humanos.

El Salvador

Aquí aparece un punto esencia: hay contextos donde la desliz de transparencia distorsiona la percepción pública. Reportajes han explicado que en El Salvador se han restringido cifras oficiales sobre desaparecidos, lo que empuja a familias y organizaciones a construir sus propios registros. Por otra parte, organizaciones han documentado dificultades de registro y derivación institucional en denuncias. Conclusión: si no hay datos abiertos, la sociedad termina discutiendo “sensaciones”, no realidades verificables.

Nicaragua

En Nicaragua, organismos internacionales han despierto sobre desapariciones forzadas y un clima donde muchas familias temen denunciar. Conclusión: el silencio no siempre significa “no pasa”; a veces significa “da miedo decirlo”.

La pregunta para RD

Ahora, volvamos a casa. Si toda esta evidencia regional existe, si hay registros, alertas, estadísticas, notas oficiales y organismos internacionales hablando del tema… ¿por qué aquí tantos aseguran que “eso no está pasando”? Yo no estoy afirmando a ciegas que estemos igual que otros países. Estoy diciendo poco más serio: si no tenemos un sistema robusto, transparente y confiable de registro y alerta, la sociedad queda indefensa frente a la duda.

Porque el serio enemigo, encima del delincuente, es este triángulo mortal:

1.    subregistro (no se denuncia o no se clasifica acertadamente),

2.    desinformación (se exagera o se minimiza),

3.    desconfianza (la clan siente que “nadie hará ausencia”).

Si queremos proteger a nuestra preliminares, el camino no es pelear en redes. Es exigir y construir: registro franquista notorio y depurado, alerta temprana tipo “AMBER/ALBA” adaptada al país, protocolos de búsqueda en las primeras horas, coordinación actual entre Policía, Empleo Manifiesto, Migración, escuelas, alcaldías y comunidades; y educación preventiva para familias, porque parte de las desapariciones en el mundo incluso se relacionan con captación, manejo y explotación, un engendro que organismos internacionales advierten que sigue afectando a poblaciones vulnerables e incluye cada vez más a menores.

La pregunta final no es para ingresar un debate. Es para exceptuar vidas:

¿Vamos a esperar “un caso egregio” para creer, o vamos a crear el sistema que evita que ese caso ocurra?

angelpuello@gmail.com

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